Un total de 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés se han querellado contra los directores de cinco geriátricos de sendas localidades madrileñas, Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros de Sanidad y de Justicia. Los centros de mayores han sido uno de los focos durante esta pandemia y que ha traído de cabeza el Gobierno regional.
Esta denuncia se suma a la ya presentada por 26 familiares, miembros de la Marea de Residencias, de otros diez centros de mayores de la región por la mala gestión de los responsables públicos citados anteriormente durante la crisis del coronavirus.
Sin embargo, en esta nueva querella se incluye al consejero de Justicia, Enrique López. Los demandantes consideran al consejero del ramo como responsable de lo acaecido en los centros de mayores durante la pandemia del coronavirus “por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones que la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril”.
La Marea de Residencias alega que López afirmó que las residencias estaban “medicalizadas”, además de sostener que, desde el decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros “no tenían competencias ni en Sanidad ni en las residencias porque eran competencias del Gobierno central”.
Sin embargo, según aseguran los familiares, esta afirmación es una “falsedad” dado que el decreto del estado de alarma “deja claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid”.
Los demandantes explican, a través de los escritos, las situaciones por las que pasaron sus familiares en las citadas residencias. “Falta de equipos de protección, imposibilidad de comunicarse con ellos, incumplimiento de medidas de aislamiento decretadas, denegación de derivación al hospital por no cumplir con determinados criterios”, son algunos de los ejemplos de los que se hacen eco los denunciantes.
“Estos casos demuestran un oscurantismo, falta de veraz información, verdades a medias y falta de transparencia”, señalan en la querella.
Los familiares acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisiones de socorro, prevaricación y trato degradante. Todas ellas se extienden también a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a sus dos consejeros, amén de los gestores de los centros de mayores recogidos en la denuncia.
Han solicitado al Juzgado que comparezca como testigo el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, la ex directora de Salud Pública, Carmen Fuentes y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur.
