Los enfermos de hepatitis C están hartos. Así lo ponen de manifiesto los representantes de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C. Sus miembros continúan indignados ante de la negativa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de cesar a dos altos cargos del Sergas (Servizo Galego de Saúde) que, a raíz del último auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, serán ahora investigados no sólo por prevaricación, sino también por un posible delito de homicidio imprudente. Tras esto estaría, según la denuncia, el supuesto retraso en el suministro de la medicación a seis pacientes.
Quique Costas, presidente del colectivo, reconoce a ELPLURAL.COM que no entiende cómo dos personas a las que se acusa “de un delito que habrían cometido en el desempeño de sus funciones, pueden seguir en su puesto de trabajo”.
Se trata del director general de Asistencia Sanitaria del Sergas y actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia. En un primer momento, aclara Costas, “Feijóo había alegado para evitar el cese que sólo estaban procesados por prevaricación, pero ahora hablamos de algo gravísimo”.
“Nos sentimos maltratados”
Para los afectados, las palabras del presidente “sólo pueden entenderse en clave de burla o de autoprotección, para que actúen como cortafuegos, evitando que la responsabilidad recaiga sobre otros cargos”.
Denuncia que “además de tergiversar lo que dice el auto y dar una versión retorcida del mismo, se permite decir que la denuncia es indigna. Utiliza mentiras y hay declaraciones que hasta ofenden el sentido común”. Costas se refiere a las declaraciones en las que Feijóo sostuvo que el auto de la Audiencia era una buena noticia que “se dicta para proteger y mejorar los derechos de los investigados”.
Lo más indignante, a juicio del presidente de la Plataforma, “es la falta de empatía y sensibilidad” que hay desde la administración hacia las víctimas. “Nos olvidamos de que estamos hablando de seis familias que han visto cómo el médico les prescribía unos medicamentos que no llegaban nunca y la salud de su ser querido iba empeorando hasta la muerte. Nos sentimos maltratados”.
Para “cuadrar el ejercicio”
El proceso abierto es, sin embargo, “la punta del iceberg”, seis pacientes que murieron cuando habían conseguido entrar en un plan “que era ya muy restrictivo”. Detrás hay miles de afectados.
Tenemos constancia, explica Costas, de que incluso se denegaron tratamientos en los meses de noviembre y diciembre que fueron aprobados en enero y febrero del siguiente año, “lo que sólo se explica por el interés de cuadrar el ejercicio”.
Sin respuesta desde 2014
El presidente de la Xunta nunca ha querido reunirse con la víctimas. En diciembre de 2014 se solicitó por registro un encuentro que jamás ha llegado a producirse. “Ni siquiera nos contestó”, se queja el portavoz de los afectados. “Sí nos reunimos con la entonces conselleira de Sanidade, pero él nunca nos recibió. Su actitud, desde que al principio dijo que por dos o tres pacientes no parecía lógico relacionar las denuncias con la austeridad, no ha cambiado.”
Cara a cara en las reuniones
Con quienes sí se reúnen los miembros de la plataforma es con Carolina Gómez-Criado, presente en las reuniones que el Sergas mantiene con el grupo “para informarnos del estado del plan de dispensación de los tratamientos, nunca para hablar de los muertos.”
Aseguran que “parece una provocación” y lamentan que “tenemos que vernos la cara con una persona a la que acusamos de homicidio”.
El mismo juez del Alvia
El malestar de la Plataforma se extiende al ritmo al que avanza la instrucción. “Es desesperante”, dice su presidente, “y curiosamente lo lleva el mismo juez que cerró en falso el caso Alvia”. Andrés Lago Louro, del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, ha declarado la causa compleja, “para extender el proceso de instrucción, por eso no se entiende que se haya hecho tan poco.”
Pese a todo, la Plataforma no pierde la esperanza. Considera que la fiscal ha hecho un trabajo ímprobo y que “se puede demostrar que se siguieron criterios presupuestarios y que la gestión originó daños irreparables”.
