El Partido Popular es un lujo malayo para un país como España. Utilizando la frase que han puesto de moda en los últimos años muchos economistas neoliberales, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que con el PP vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Sin necesidad de tener que escarbar mucho en la hemeroteca, lo que hemos sabido esta semana es suficiente para que se nos pongan los pelos como escarpias. 

El caso más sonado ha sido el de los más de 5.500 millones de euros que nos van a costar las autopistas radiales de Madrid, cuya construcción fue concedida por el gobierno de José María Aznar a empresas privadas con afán de lucro, de mucho lucro. Era un negocio viciado de inicio, porque muchas de las concesionarias de las autopistas son, al mismo tiempo, las empresas encargadas de las obras. No es que las constructoras españolas nos hayan dado nunca motivo de desconfianza, Darwin nos libre de semejante idea, pero alguien malpensado podría llegar a imaginar que lo que más le interesa si tiene al mismo tiempo la concesión, es inflar al máximo el precio de la obra para así obtener un gran beneficio a corto plazo, a costa de la concesionaria que tiene 25 o 30 años, o los que el gobierno quiera regalarle, para enjuagar la deuda. 

Otra noticia que se ha conocido esta semana hace referencia al hospital provincial de Castellón. En el mes de junio la Generalitat valenciana remitió a la fiscalía anticorrupción facturas irregulares de la época de Camps,  Fabra y Moliner por un total de 25 millones de euros, y esta semana a esa insultante cantidad ha habido que sumar 8 millones más, la mayoría de ellos pagados a empresas que han reconocido ser donantes habituales del Partido Popular. La confianza que tenía el PP en que jamás perdería su feudo valenciano era tan grande, que ni tan siquiera se molestaron en disimular las facturas. En ellas simplemente se indicaban conceptos tan genéricos como "material sanitario" u "obras de mantenimiento", es decir, porque sí, porque yo lo valgo. Una de las pocas en las que se describe el concepto exacto fue la del belén, que por los 90.000 euros que costó lo mínimo que se le debería pedir es que obrara milagros entre los enfermos del hospital. 

La suma de los dos nuevos casos que hemos conocido esta semana, supone el 50% de lo que España dedica a Investigación y Desarrollo. Simplemente habiendo evitado estos dos fiascos, muchos de los más de 12.000 investigadores que han tenido que exiliarse de España desde 2010, podrían seguir entre nosotros ayudando a enriquecer, en todos los sentidos, el país. Y estamos hablando de dos casos entre las decenas de los que es protagonista el Partido Popular. Bien haría el FMI en poner en el primer lugar de su lista de recomendaciones la de que nos deshagamos de un partido político que, simplemente, no nos podemos permitir.