El gobierno de Carles Puigdemont consiguió ayer aprobar sus primeros presupuestos, y probablemente también los últimos, gracias a dos votos prestados por la CUP, los justos para superar los 62 votos de la oposición. El grupo de los anticapitalistas si sumó sus nueve votos a los de JxS para aprobar la adicional 31 de la ley presupuestaria que asegura la financiación del referéndum independentista, ignorando las advertencias de inconstitucionalidad de los letrados del Parlament y del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Ni unos ni otros consiguieron amargar la fiesta de la desobediencia en la que se han convertido los plenos del Parlament.

La adicional 31 acabará sin duda en el Tribunal Constitucional, a iniciativa del gobierno del PP y será suspendida automáticamente. Tal vez también la Mesa del Parlament haya incurrido en un nuevo acto de desobediencia, tras la lectura de la nota firmada por el secretario general y el letrado mayor del Parlament, alertando de las responsabilidades que se derivarán por desoír las advertencias del TC. Ciudadanos, PSC y PP ni siquiera participaron de la votación de esta adicional; mientras los Comunes se abstuvieron, salvo una diputada de Podemos que voto a favor, junto al bloque independentista.

En el rifirrafe parlamentario que precedió a la polémica votación se conoció la sentencia del Tribunal Supremo condenando al diputado Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia al TC en la organización del 9-N, una pena algo inferior a la dictada por el TSJC para Artur Mas. Ningún sobresalto, sino todo lo contrario. La desobediencia se ha convertido en el mot d’ordre de los políticos soberanistas y en la demostración del éxito estratégico de la CUP sobre todas las fuerzas participantes del Procés.

Los anticapitalistas han renunciado a cualquier otra influencia en la política del gobierno que sustentan. Incluso han aprobado unos presupuestos que califican de antisociales a cambio de mantener la referencia al referéndum en la adicional 31, una disposición innecesaria dada la existencia de una partida genérica para consultas y elecciones, dotada con 5,8 millones de euros, difícilmente impugnable por corresponderse a competencias ajustadas al Estatuto.

Lo que importaba de este presupuesto no era la discusión de los casi 28.000 millones de gasto del sector público catalán, ni el castigo parlamentario infligido por la oposición al gobierno con la aprobación, gracias a la colaboración de la CUP, de más de mil enmiendas a las cuentas de la Generalitat, lo único relevante para los antisistema y para los independentistas oficiales era la aprobación de la adicional 31: “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacerse cargo del proceso referendario sobre el futuro político de Catalunya”.

La CUP está convencida de que con esta referencia literal al referéndum van a “tumbar al régimen”, aunque no precisan de qué régimen se trata. Se supone que el de la Transición, porqué el creado por CDC en Catalunya, zarandeado por los tribunales que juzgan la corrupción, lo apuntalan ellos, con la esperanza de que Puigdemont firme, cuanto antes, el decreto de convocatoria del referéndum.

La sospecha de ilegalidad respecto de la disposición adicional que contemplan el referéndum, dictaminada por el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que vigila la adecuación de las disposiciones de la Generalitat al Estatut y la Constitución, ha dejado claro que ninguno de los actores implicados en el Procés está dispuesto a ser el responsable de romper el cántaro de la ilusión y que nadie quiere ser menos que nadie en la desobediencia y en la búsqueda de la inhabilitación que parece dar alas a los políticos independentistas.

La CUP, asumiendo unos presupuestos impropios para sus planteamientos ideológicos, ha cumplido con su último servicio a la causa. Ellos no serán los culpables del incumplimiento de la hoja de ruta. Ahora el turno le corresponde a Oriol Junqueras, responsable de los trabajos de preparación de la consulta sobre cuyo progreso existen algunos interrogantes, y finalmente, todo quedará en manos del presidente Puigdemont, con la firma del decreto. El primero que obedezca, pierde.