No solo desconfían de la justicia los muchos ciudadanos que consideran injustificadamente benévola la sentencia del caso Noos donde se juzgaba a la infanta Cristina y su marido: no pocos de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que este año se sentarán en el banquillo por el caso de los ERE opinan lo mismo.

Tienen la sensación de que la pared maestra que sostiene toda la macrocausa es puro humo pero la justicia no tiene el coraje o la inteligencia suficientes para verlo así. Esa pared maestra consiste en que entre todos ellos urdieron o contribuyeron a mantener un procedimiento de concesión de ayudas deliberadamente ilegal.

Según explicaba en el auto dictado el 31 de mayo y confirmado ahora por la Audiencia, el juez Martín entiende que entre 2000 y 2011 "se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".

El último jarro

Fue un jarro de agua fría, pero no fue un jarro inesperado. El pasado jueves, 17 de febrero, los políticos imputados en el caso de los ERE conocían la noticia que en realidad todos esperaban: la Audiencia de Sevilla confirmaba en todos sus extremos el auto en el que el juez Álvaro Martín procesó a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán –por prevaricación al primero y por este delito y malversación al segundo- y a otros 24 exaltos cargos dentro de la pieza separada sobre el sistema de concesión de las ayudas investigadas. El rechazo de los recursos de los dos expresidentes y de los cinco exconsejeros, conocido ese día, presagia cuál será la suerte del resto de recursos.

‘Irrelevancia penal’

Mientras, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía solicitó en su día, también sin éxito, el archivo de esta pieza al entender que ni hubo "trama criminal" alguna ni se creó un procedimiento para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Al igual que otros procesados, en su recurso Chaves argumentaba que los hechos que se investigan son de una “absoluta irrelevancia penal”, que nunca conoció las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas y que los acuerdos de modificación presupuestaria y los del Consejo de Gobierno en los que se aprobaron las ayudas eran legales.

Pesimismo generalizado

No piensan lo mismo ni los instructores del caso, ni los fiscales que han intervenido en él, ni tampoco los jueces de la Audiencia de Sevilla que una y otra vez han ido rechazando los recursos de los imputados. Un importante ex alto cargo da esta explicación: “Nadie se atreve a pinchar ese globo. No se atrevió el juez instructor del Supremo y no lo ha hecho la Audiencia. Mucha gente no se lo perdonaría y no digamos el Partido Popular”.

Otro de los imputados se mostraba así de pesimista: “Que nos condenen y así nos ahorramos el juicio. Total, la acusación se basa en una interpretación de la norma de unos supuestos expertos que deja al Parlamento como tonto inútil. Yo creía que eran los Parlamentos los que decían lo que era legal y lo que no”.

Asociación ilícita

En comunicación con EL PLURAL, este mismo exresponsable del área económica de la Junta, traslada una sensación que comparten bastantes de los 26 políticos procesados en esta pieza: “Me siento como alguien al que le han machacado sus derechos desde el principio y que todavía no ha sido capaz de encontrar la decisión prevaricadora que tomó, y que se supone que formó parte de una asociación ilícita que llama Junta de Andalucía”.

Otro de los procesados no se mostraba menos fatalista: “Estamos condenados. El tribunal de Sevilla no se atreverá a dictar una sentencia absolutoria con toda la presión que hay. Esto acabará en el Supremo o en Europa, donde puede que se ponga fin al disparate que ha sido esta instrucción, pero para entonces no servirá de mucho porque el daño causado es irreparable”.