El PSOE quiere impedir que se repitan los lobbys como el dirigido por el esposo de Cospedal

Cuando en septiembre de 2012 ELPLURAL.COM daba a conocer que el esposo de la expresidenta del Gobierno de Castilla La Mancha había pertenecido a once consejos de administración desde que ella accediera a la secretaría general del PP, los socialistas castellano-manchegos, con su secretario general a la cabeza y actual presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, intentaron frenar esta alarmante situación instando a Cospedal a que suscribiera una moción por la que los consortes de los presidentes de la región no pudieran formar parte de ningún consejo de administración. Moción que Cospedal rechazó al verse perfectamente retratado su esposo, Ignacio López del Hierro, hoy consejero de la empresa que se ha llevado el 80 por ciento de las obras del basurero nuclear que se construye en la localidad conquense de Villar de Cañas y actualmente paralizado por la iniciativa política emprendida por García-Page nada más alcanzar la Presidencia de la comunidad, como recogió nuestro periódico esta semana.

Comisión no permanente
La denuncia presentada por la Plataforma Anti-ATC ante la Fiscal Anticorrupción contra “El clan de Los Cospedal” ha llevado al Grupo Socialista en las Cortes de Castilla La Mancha a proponer una comisión no permanente de estudio para la elaboración de una nueva ley del Gobierno y del Consejo Consultivo y que se llevará al próximo pleno para su aprobación, según reconoce en declaraciones a ELPLURAL.COM la portavoz del PSOE, Blanca Fernández,  quien considera necesario “una nueva ley que sea moderna, eficaz, que ataje los problemas de la gente y que vele por sus intereses”, dice. Para conseguirlo, la portavoz socialista ha anunciado que se quiere “reforzar el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, conectar esta nueva ley con la ley de transparencia que está en tramitación y eliminar la posibilidad de que los ex presidentes se incorporen al Consejo Consultivo”.

Buena tajada para la empresa del marido de Cospedal
En palabras  de la parlamentaria socialista “lo que queremos evitar, a toda costa, es la sensación que tienen los ciudadanos de que tener un familiar directo en el Gobierno de Castilla-La Mancha puede beneficiar los intereses económicos o empresariales de alguien”, en clara referencia a Ignacio López del Hierro, recordando que no “se pueden dar más casos como el que estamos conociendo estos días sobre las obras en el ATC”, donde como decimos la Plataforma contra el cementerio nuclear ha presentado una demanda ante la Fiscalía por un posible delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias porque “parece ser que la empresa, de la que es consejero el marido de Cospedal, se ha llevado el 80 % de las adjudicaciones del ATC”, concreta Fernández.

“Situaciones esperpénticas”
Esta nueva ley significa, siempre en palabras de Blanca Fernández, “velar por los intereses de la gente, por eso las incompatibilidad, la transparencia, el buen hacer y el buen Gobierno es esencial para este grupo parlamentario y para el presidente Page”, para seguidamente asegurar que la ley tiene que ofrecer “todas las garantías a la gente para que estas situaciones esperpénticas no se vuelvan a producir”. Fernández ha justificado, además, esta modificación de la Ley del Gobierno “porque estamos en un nuevo tiempo y en una nueva forma de hacer política” y ha asegurado que “la voluntad es que se apruebe por unanimidad, que se base en el consenso de todas las fuerzas políticas en las Cortes y que se tramite en un tiempo máximo de 6 meses”.

La ley no afectará a “Los Cospedal”
Sin embargo, la ley llega tarde puesto que durante los últimos cuatro años “Los Cospedal” han actuado con toda la impunidad posible, ya que María Dolores Cospedal, fuera ya del alcance político de la iniciativa al no pertenecer ni al Ejecutivo ni al Parlamento manchego, del que dimitió para presentarse a las elecciones generales por Toledo, llevaba las riendas de la construcción del basurero nuclear, con la connivencia del ministro de Industria, José Manuel Soria. Tanto es así, que maniobró para nombrar presidente de Enresa a su hombre de confianza y hasta ese momento vicepresidente primero de las Cortes de Castilla La Mancha, Francisco Gil-Ortega, al mismo tiempo que su esposo, Ignacio López del Hierro, entraba a formar parte del consejo de administración de Iberinco, beneficiada por ahora con concesiones cercanas a los 40 millones de euros, en el mismo mes y en el mismo año, mayo de 2012. La falta de idoneidad, y otros asuntos de mala praxis económica llevaron a Gil-Ortega a dimitir en febrero de 2015, al ser desautorizado por el propio Ministerio de Industria, cuando estaba a punto de adjudicar la obra civil principal por un valor de licitación de 217.760.000 de euros, que tendrán que esperar a otros tiempos que difícilmente volverán a soplar a favor de “El clan de Los Cospedal”, hoy por hoy, señalados por propios y extraños.