"¿Presupuestos sociales? El abandono en Dependencia sería un escándalo en cualquier país serio"

Durante el debate sobre los Presupuestos 2016 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en el carácter social de las cuentas del año próximo porque el 53,5% del mismo se destina a ese fin. Lo ha hecho poniendo el foco en gatos estructurales: "De cada 100 euros, 39 se destinan a pensiones, 7 al desempleo y 8 a otras partidas". Y en ese último punto incluyó una mención genérica a la Dependencia, consciente de que extraer la partida no aguantaba comparaciones al quedar ridícula frente a las anteriores mencionadas y otros tipos de gastos (solo los intereses de la deuda representan 10 euros de los 100 mencionados anteriormente).

"Liberal sin alma social"
Pero la oposición no picó en anzuelo. Pedro Sánchez recordó que el PP "nunca creyó en el Estado del Bienestar" y siempre puso "palos en las ruedas" a los socialistas en su construcción, con la dependencia como último capítulo de ese rechazo impidiendo su adecuada financiación. Otros grupos fueron más lejos, el diputado de Convergencia Pere Macías alertó de que el Gobierno aporta menos del 20% de lo que se dedica a Dependencia en las autonomías y Sánchez Llibre de Unió presentó la escasa atención en esta materia como uno de los síntomas de que Montoro es un "liberal sin alma social".

Unos datos que no se sostienen
Desde que el Gobierno hizo públicas sus cuentas para 2016 viene presumiendo de que el presupuesto para Dependencia aumenta un 6,4%. CCOO ya desmontó ese intento de hacer parecer lo que no es recordando que aún así la cuantía sigue siendo inferior a la que se liquidó en 2013, y ello a pesar de que hay 450.000 dependientes más esperando recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho. El sindicato alertó de que "el mensaje" que enviaba al Gobierno es que todo el dinero que falta debían ponerlo las comunidades autónomas o "el copago de los dependientes y sus familias".

Denuncia en la Fiscalía mientras Montoro presume
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) interpuso la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por incumplimiento de la normativa y vulneración de los derechos de sus beneficiarios en esta materia. ELPLURAL.COM ha hablado con el responsable de la plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, quien califica de "tomadura de pelo" que el Gobierno se permita presumir en esa materia.

Antes el pago del rescate que la Dependencia
"Durante la legislatura se han hurtado a la Dependencia 1.490 millones de euros, es una falta de respeto presumir ahora de un incremento de 75 millones para el año próximo cuando 450.000 dependientes esperan su incorporación al sistema y ese aumento queda muy lejos de poder integrarlos. No creen en la Dependencia y lo demuestran en estos presupuestos", lamenta Goméz-Ocaña. De hecho pone un ejemplo muy claro sobre el concepto "social" de este Gobierno:

Este Gobierno es muy aficionado a compararse con un hogar, y en su caso es como un padre de familia que se dedica a priorizar el pago del coche y desatiende a sus hijos. Así, el dinero detraído a Dependencia equivale prácticamente a los 1.300 millones del rescate financiero que pagó por adelantado el año pasado y este año presume de que lo ha vuelto a hacer [otros 2.500 millones pagados antes de tiempo] demostrando así cuáles son sus prioridades. El hecho de que 116.000 personas hayan muerto esperando ser atendidas sería un escándalo en cualquier país serio que conllevaría asumir responsabilidades y dimisiones".

Conforme explican en un comunicado, la denuncia expone a la Fiscal "las normativas que el Gobierno de España, encabezado por el Sr. Rajoy, está incumpliendo" como la obligación de sufragar el 50% de la financiación de la ley en lugar del 17% que según la organización, está aportando el Estado, cifra por debajo del 19% que asumen los beneficiarios.

En este sentido, acusan al presidente del Gobierno del "hurto en los presupuestos generales del estado de 1.490 millones de euros durante sus legislaturas" destinados a la ley, así como de "dificultar o impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en la Ley", tratar "discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia" y "conculcar su dignidad" generando "daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica" de las mismas.

Según la Coordinadora, el resultado de este incumplimiento de la ley así como de la "violación" de al menos ocho artículos de la Constitución en relación a la protección social y los derechos de los ciudadanos, "ha traído como consecuencia que 117.000 personas hayan muerto sin recibir la atención que por ley les correspondía".

"A las personas en situación de dependencia ya solo les queda confiar en la actuación por parte de la Justicia de nuestro país para parar la sangrìa, tanto de vidas como de condiciones dignas de vida, a la que se está sometiendo a las persona dependientes. Un Estado con dignidad y decencia no puede permanecer en silencio y ser cómplice de esta situación que no tiene precedentes entre los países avanzados y democráticos", señala la Coordinadora.