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El ‘tamayazo’ que aupó a Esperanza Aguirre en 2003 a la Presidencia de la Comunidad de Madrid sigue coleando, ahora con el juicio a dos empleados de Telefónica que grabaron y filtraron las conversaciones mantenidas por los implicados en aquellos hechos: los exdiputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; José Luis Balbás, entonces líder de la corriente socialista Renovadores por la Base (a la que pertenecían Tamayo y Sáez); el abogado José Esteban Verdes; y el empresario Francisco Bravo Vázquez, consejero delegado del grupo inmobiliario Euroholding. Todos ellos se presentan como acusadores en esta causa.
Penas de cuatro años
No está claro si alguien ordenó aquellas grabaciones, aunque la Fiscalía considera que los empleados de Telefónica Álvaro S.C. y Alberto M.L. actuaron de acuerdo con terceras personas. Ambos hombres accedieron a las llamadas realizadas por Eduardo Tamayo entre el 1 de mayo y el 11 de junio de 2003; a las realizadas por Romero de Tejada entre el 1 y el 31 de mayo; a las que hizo José Esteban Verdes del 1 de mayo al 26 de junio; a las de Bravo Vázquez entre el 1 de mayo y el 18 de junio; y a las de Balbás entre el 1 de mayo y el 11 de junio, según adelanta El Confidencial.
Los trabajadores de Telefónica, según la Fiscalía entregaron la información a terceras personas y unos días después los datos fueron hecho públicos en El Mundo e Interviú. Álvaro S.C. y Alberto M.L. se enfrentan a penas de cuatro años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos.
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Intereses económicos detrás del complot político
Ambos medios de comunicación publicaron las conversaciones entre el empresario Francisco Brazo Vázquez y el abogado José Esteban Verdes, que apuntaban a intereses económicos detrás de la jugada de los dos diputados socialistas, en la que habría actuado como intermediario el abogado Esteban Verdes, ante el secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada en un complot político que tenía como fin impedir que el socialista Rafael Simancas accediera a la Presidencia del Gobierno regional.
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