El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, cree que las administraciones actuaron con "negligencia" y "falta de transparencia" en el caso 4-F, que investiga los hechos ocurridos en febrero de 2006, cuando la Guardia Urbana desalojó el edificio Palau Alòs, entonces ocupado. El enfrentamiento entre los ocupantes y los agentes terminó con un agente agredido, que quedó en estado vegetativo y con el suicidio de una joven, Patricia Heras. El documental Ciutat Morta, emitido recientemente, narra lo sucedido.

Apunta a posible maltrato policial
En una rueda de prensa en la que ha presentado las conclusiones de su investigación, tras la emisión del citado documental, el Síndic de Greuges toma en consideración las denuncia de los condenados por la agresión al agente, que declararon haber sufrido malos tratos de la Policía, según adelanta El Periódico de Catalunya.

El Síndic dejó entrever que el principal condenado, Rodrigo Lanza, pudo recibir agresiones posteriores al arresto, al señalar que fue atendido en el Hospital del Mar de las heridas provocadas en el enfrentamiento y luego fue conducido a una comisaría bajo custodia policial, desde donde fue trasladado a otro hospital, el de la Esperança,
donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura y una grapa en la cabeza, debido una herida abierta.

"¿Le dejaron abierta una herida en la cabeza en el Hospital del Mar? Si la lesión es posterior, ¿cómo se produjo?", se ha preguntado Ribó.

La desaparición del libro de registro de detenidos
El Síndic también ha denunciado la desaparición del libro de registro y custodia de detenidos de la Guardia Urbana de Barcelona con la información relativa a febrero del 2006, cuando ocurrió la trifulca del 4F, lo que considera un "hecho grave", y que en el atestado policial no se incluyen los informes médicos del Hospital del Mar.

El grado de invalidez a dos agentes
La investigación del Síndic también ha concluido que el procedimiento que ha culminado con la declaración de invalidez de dos de los agentes implicados en el caso -que permanecen en prisión por torturar a un detenido en un proceso paralelo-, parten de un "error de diagnóstico", por lo que pondrá su informe en manos de la Seguridad Social (INSS) por si considera necesario revisarlo.