“Bofetón” de Montoro a las intenciones de Cospedal de privatizar el nuevo hospital de Toledo

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha hecho público un informe en el que se recoge la orden de paralización provisional de las obras del nuevo hospital de Toledo tendentes a la privatización de este complejo hospitalario, frenado por María Dolores Cospedal nada más alcanzar el Gobierno de Castilla-La Mancha (junio 2011) y que ante la llegada de las elecciones de mayo de 2015 pretende ahora revitalizar y entregar a manos privadas la gestión de un centro demandado por los toledanos desde hace años.

Recurso empresarial, aceptado
Tribunal que ha visto con claridad como el Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros ha sido perjudicado por la arbitraria decisión de Cospedal de paralizar las obras en 2011, cancelar unilateralmente los contratos con las empresas concesionarias y despedir sin indemnización a los arquitectos, entre los que se encontraba el prestigioso proyectista portugués Álvaro Siza, encargado a la postre del diseño del centro hospitalario que el también Premio Pritzker (equivalente al Nobel de Arquitecura) imaginó lleno de luz. Ahora, Sánchez-Horneros ha pedido en todas las instancias la paralización de las obras hasta tanto en cuanto no se cuantifique los perjuicios y daños causados a este empresa por el capricho político de Cospedal.

La Justicia, también se pronunciará
Pero el despacho Sánchez-Horneros no se conforma con la decisión de Cristóbal Montoro de dar un “bofetón” a Cospedal y paralizarle las obras del nuevo hospital. No, los arquirectos han presentado también una demanda en los juzgados de Toledo que se verá el próximo martes, 23 de septiembre. Los denunciantes piden igualmente la paralización y el peritaje de las obras realizadas hasta el momento para establecer, como no puede ser de otra forma, la obra realizada y las consecuencias empresariales y profesionales que han afectado negativamente a este prestigioso despacho de arquitectos.

Falta también el recurso del PSOE
A toda esta batería de iniciativas judiciales y administrativas, hay que sumar la acción política emprendida por el PSOE castellano-manchego que lidera Emiano García-Page. Los socialistas también han recurrido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contraactuales del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro,  como ya adelantó ELPLURAL.COM (), por lo que es de esperar que aplique los mismos argumentos esgrimidos en el recurso de los arquitectos, esto es, paralización de la privatización, ya que, según el PSOE, la empresa agraciada con la concesión de la construcción del nuevo hospital obtendrá un beneficio neto de 462 millones de euros, gracias a la decisión de la también secretaria general el PP de entregar a la iniciativa privada la explotación de todos los servicios por un tiempo no inferior a los 30 años (limpieza, aparcamientos, cafetería, seguridad, alimentación, comunicaciones...).

Cospedal seguirá adelantante y Page avisa
Aun así, María Dolores Cospedal ya ha anunciado que seguirá adelante con el proyecto y que los plazos se cumplirán. Sin embargo, es imposible que adjudique la obra mientras se mantenga la paralización, además de esperar a la decisión del próximo 23 de septiembre del titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Toledo. De ahí que el candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya recordado a todos que “la paralización del proyecto de Cospedal para el hospital de toledo es un aviso a navegantes”, añade, “no puede haber lucro con la Sanidad".

500 millones más caro
Por otra parte, García-Page ha recordado que el proyecto público-privado que quiere sacar adelante Cospedal supone “un hospital más pequeño (que el actual), con menos servicios para los pacientes, que pone en riesgo los empleos de 400 trabajadores y que, encima, es 500 millones de euros más caro que el del anterior Gobierno socialista", que era de construcción y gestión enteramente públicas. Y es que estas decisiones “no solo salen caras desde el punto de la salud, porque empeoran los servicios que se prestan a los pacientes, sino que al final salen más caras desde el punto de vista económico, porque las administraciones tienen que salir al rescate de empresas que entran en pérdidas”, finaliza diciendo García-Page.