Está en misa y repicando; es juez y parte; padrino de su boda, de su bautizó y plañidera de su entierro; jefe de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército; de las autovías y de la red viaria nacional; del AVE y del tren convencional; de los aeropuertos y helipuertos; de los pantanos, de los ríos y de los parques (y paradores) nacionales; incluso de los espías (que haberlos haylos) manchegos…es delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha al mismo tiempo que coordinador electoral del comité ejecutivo del PP castellano-manchego que preside María Dolores Cospedal, además de secretario general del mismo partido en Toledo que lidera el pluriempleado Arturo García-Tizón. Él es Jesús Labrador, servil y fiel seguidor de la “lideresa del finiquito” y único alto cargo nombrado por Mariano Rajoy que concentra en su persona tanto y tan desmesurado poder puesto a disposición de un partido, el Partido Popular, como denuncian PSOE, IU y las centrales sindicales.
“Susi el sancionador”
Y es que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, Susi para Cospedal y para el establishment neoconservador manchego, vuelve a la palestra informativa (si es que alguna vez la abandonó) advirtiendo a los vecinos de Alcázar de San Juan de la “ilegalidad” de someter a consulta popular la privatización del agua, aprobada en la mañana de este miércoles por la minoría de concejales del PP (9) con la ayuda de los “traidores” independientes (2) de la localidad, frente a los diez ediles del PSOE, que han hecho suya la lucha de los más de once mil vecinos que votaron en contra de esta privatización.
Habrá consulta ciudadana sí o sí
Sin embargo, “Susi el sancionador”, sobrenombre que le vine de su pasión por multar a todos los que protestan contra los salvajes recortes de Cospedal, según PSOE e IU, no ha conseguido amedrentar a los vecinos que realizarán la consulta sobre la privatización del servicio de agua, sí o sí, entre los días 20 y 23 de marzo. “No es un referéndum, no es una consulta popular, es una consulta ciudadana, ya que se consulta sobre un asunto de interés municipal, que es lícito”, señala la plataforma alcazareña. No hay que darle más vueltas, es simplemente una consulta y ningún responsable político en su sano juicio “prohibiría que los ciudadanos contesten sobre un tema que les afecta”, añaden desde la plataforma.
“Ridículo y vergonzoso”
En este sentido, el secretario del PSOE ciudadrealeño, José Manuel Caballero, se pregunta en declaraciones a ELPLURAL.COM si “Labrador pretende dar una patada en la urna de la Plataforma en contra de la privatización del Agua en Alcázar”, a la vez que asegura que, “si el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha tuvieran un mínimo de vergüenza y de compromiso democrático, lo que tendría que hacer es cesar a un delegado que ha actuado más como dirigente del PP que como protector y encargado de defender el derecho de todos los ciudadanos”.
Page: “En cualquier país llamaría la atención”
No solo eso, para el líder del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, “en cualquier país llamaría la atención que el delegado del Gobierno de una región fuera a su vez secretario de acción electoral del partido del Gobierno”. De ahí que se muestre convencido de que “cuando coinciden la responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ese cargo del PP, lo único que se puede interpretar es que hay uso electoral de casi todo”, lo que prueba a juicio del también alcalde de Toledo que: “Están demostrando ser muy autoritarios y en un momento de tensión como el de ahora se quiere reprimir a la gente por hablar o por manifestarse".
Sin parangón en toda España
Se puede decir más alto, pero no más claro: Jesús Labrador es el único delegado del Gobierno de España que concentra en su persona estos, a todas luces, incompatibles cargos partidistas. Solo la delegada del Ejecutivo de Rajoy en Canarias, Carmen Hernández, ocupa un puesto relevante en la dirección del partido, concretamente vicesecretaria de Organización, mientras que otros delegados, como el de Murcia y Cantabria ostentan una insignificante coordinación de relaciones institucionales en sus respectivas ejecutivas, o la madrileña Cristina Cifuentes, responsable de derechos y garantías del equipo de Esperanza Aguirre. Ninguno de ellos con el peso político del que, encima, alardea Jesús Labrador.
