Ante ello, el Gobierno del PP madrileño ha optado por renunciar al proceso de privatización. Por dos razones: porque tanto la resolución del asunto como recurrir al Supremo, hubiese llevado la decisión a las inmediaciones de la campaña electoral autonómica. Y también por la presión de las empresas que sufren los costes financieros de las garantías. Como ha dicho Ignacio González, dejar sin efecto, no significa renunciar a la privatización. Dicho más claro, renuncian a seguir adelante con la privatización en esta Legislatura, pero eso no quiere decir que no lo retomen en la próxima, si pueden.
La paralización de la privatización de la sanidad tiene una extraordinaria importancia. De haber seguido adelante, no cabe duda de que el experimento madrileño se hubiese exportado a otras CC AA y que, en Madrid, tras los seis hospitales privatizados irían los demás.
La decisión del TSJ marca el punto final de un proceso de movilización social y política de gran importancia. Para empezar, todas las encuestas muestran una opinión pública abrumadoramente en contra de la privatización. Ahí, en la opinión pública, es donde el Gobierno ha perdido la batalla, tirando la toalla ante las posibles consecuencias electorales.
La Marea Blanca ha sido una extensa e intensa movilización que ha agrupado a la mayor parte del colectivo sanitario y ha tenido apoyos muy amplios. Nunca antes se había conocido una movilización así del colectivo sanitario, de todos sus estamentos, pero especialmente de los médicos. La Marea Blanca es una original forma de movilización social que ha combinado iniciativas muy diversas en los centros sanitarios y fuera de ellos y que ha encontrado formas de organización que combinan participación y eficacia.
La oposición ha sido social pero también política, ya que los partidos de la oposición han combatido (en la Asamblea de Madrid, en la calle y en los tribunales) contra la privatización. De hecho la batalla contra la privatización sanitaria es el asunto estrella de esta Legislatura en la Asamblea de Madrid, ocupando una gran parte del debate político. Aunque nadie esperaría que, en este asunto, la oposición ganara una votación en la Asamblea, pero eso no minimiza su contribución a ganar la batalla.
El PSM y Tomás Gómez han destacado por su actividad y por la contundencia de sus argumentos, comprometiendo la reversión de la privatización en la próxima legislatura, algo que ya no será necesaria. Ha sido un ejemplo de oposición útil.
Estamos ante una derrota en toda regla de un Gobierno Regional lastrado porque cada decisión que toma acaba en un extraordinario revés (Eurovegas, euro por receta, etc.). Es un Gobierno a la deriva, presidido por alguien bajo sospecha y del que su partido ya se plantea prescindir. Incluso hay quien piensa que Ignacio González ni siquiera llegará a las próximas elecciones como Presidente de la Comunidad de Madrid. El cese del Consejero de la privatización era inexcusable, pero no representa ningún cambio: el nuevo Consejero ha destacado por sus apasionadas intervenciones en favor de la privatización.
Si el objetivo fuera eficiencia y control de costes, la privatización de la sanidad es la respuesta equivocada a la cuestión de la sostenibilidad. Ya hay experiencia, como, por ejemplo, en el Reino Unido, que así lo demuestran. Pero también en Madrid. La fe en la privatización se basa en dos ideas. Una que introduciendo el mercado en el sistema sanitario los costes bajarán por efecto de la competencia. Pero en el caso de la privatización madrileña este argumento queda en evidencia, ya que para cada hospital se presentó una y solo una empresa ¿Dónde está la competencia? La otra idea es que el sector privado es más eficiente. Un argumento que deja en evidencia la incapacidad del gestor público que lo formula. En cualquier caso, el Gobierno Regional ha sido incapaz de aportar ni un solo dato que avale el supuesto beneficio de privatizar, sencillamente porque no lo hay.
A mayor abundamiento, la pérdida de control por el sector público sobre el sistema sanitario lleva exactamente a lo contrario. En el caso de Alcira, la empresa concesionaria solo tuvo que amenazar con abandonar el hospital para conseguir un precio muy por encima del de adjudicación. Y eso es solo el principio.
La eficiencia y control de costes del sistema sanitario público es un problema a abordar y resolver, claro está. Lo que se ha conseguido por ahora es que no entremos por el camino equivocado. Los privatizadores esperan la próxima legislatura para intentarlo de nuevo. Se trata de una cuestión ideológica (y de intereses) y por ello persistirán en su empeño si los madrileños les dejan.
¿Y ahora qué? En lo inmediato si las empresas adjudicatarias, reclaman hay que plantear que no salga ni un euro del erario público y que no sigan con los recortes, que no serían otra cosa que una represalia.
Además tenemos que combatir algunas de las medidas del PP que, además de ser injustas son también ineficientes.
Por ejemplo, la brillante idea de quitar la tarjeta sanitaria a unos 100.000 “sin papeles” puede tener el siguiente efecto: cuando uno de esos “sin papeles” enferme ya no podrá ir al Centro de Salud, pero sí a las urgencias de los hospitales, un servicio mucho más caro. El balance final seguramente será un desahorro.
Todavía no tenemos datos extensos sobre los copagos farmacéuticos. Pero ya hay casos de mayores sin recursos que han dejado de tomar sus medicinas, han enfermado y han terminado en la urgencia de un hospital. ¿Cuánto ahorran? ¿Cuánto dolor causan?
En las próximas elecciones nos jugamos, esta vez de modo definitivo, el asunto de la privatización y con él, el modelo de sociedad: la alternativa entre Madrid-comunidad o Madrid SA. Si es el PP el que forma gobierno tras las autonómicas de 2015, se sentirá lógicamente legitimado para volver a la carga. Por eso, es esencial que de las próximas elecciones autonómicas salga un gobierno de progreso que acabe con el caos en la sanidad madrileña y abra un nuevo tiempo.
Adolfo Piñedo es secretario de Ideas y Programas del PSM y José Manuel Freire, diputado y portavoz en la Asamblea de Madrid
