Paralización de la Ley Antidesahucios andaluza: la Junta, preocupada por los afectados y el PP, por la banca y los inversores

Cruce de declaraciones encontradas por el recurso ante el TC del decreto andaluz antidesahucios. Mientras que para el presidente andaluz, José Antonio Griñán, esta iniciativa del Gobierno de la Nación le parece todo un "disparate" y la ha denominado como "ofensiva" política contra el decreto, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, cree que el decreto suspendido por el Constitucional invade competencias reservadas a las Cortes Generales y afecta al derecho de la propiedad privada.

Que se "queme" Carmen Crespo
El PP andaluz, consciente de la impopularidad de defender la oposición y el obstruccionismo a esta ley que ayuda a centenares de familias afectadas por embargos y desahucios, está teniendo un perfil plano y silencioso dejando a la Delegada de Gobierno que sea ella quien defienda la posición de Rajoy en el asunto. De paso mandan a Carmen Crespo a quemarse para alegría de algunos dirigentes populares con aspiraciones a la candidatura a la presidencia de la Junta.

Contradicciones en el PP
En todo caso el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, parte de la premisa de que el Gobierno del PP actúa de buena fe, pero ha considerado "chocante" que "primero dijera que iba a recurrir, luego que no iba a recurrir" o que el decreto se aprobara en el Parlamento andaluz "sin el voto en contra" del PP de Andalucía. "Dijeron que el decreto no tenía ninguna norma nociva y ahora parece que esto es lo peor que se le puede hacer al sistema financiero. Todo esto es un disparate", ha denunciado.

Pensar en las familias o pensar en los intereses de la banca
Mientras la delegada del Gobierno alega el derecho a la propiedad privada o lo que es lo mismo en este caso, el de la banca y las grandes constructoras, el dirigente socialista ha esgrimido que lo que hay que hacer es pensar "un poquito más" en las personas y en las familias que van a perder la vivienda que en el daño que se le puede hacer al sector financiero. "Les aseguro que no es mucho teniendo en cuenta que los españoles hemos puesto 41.000 millones de euros para salvar al sistema financiero", ha indicado Griñán.

Constitucionalidad del decreto
Después insistir en la idea de que el Tribunal Constitucional se ha limitado a "cumplir con su obligación", que supone la paralización del decreto, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de la "plena constitucionalidad" del denominado decreto-ley sobre la Función Social de la Vivienda. Según Griñán, ya hay precedentes jurisprudenciales que dicen que la propiedad tiene que estar siempre subordinada a su fin social y que las expropiaciones de uso son competencia también de las comunidades autónomas, por lo que ha augurado que la Junta "va a ganar y es posible con prontitud". "Quisiera decir algo que me preocupa. Cuando por parte de los ciudadanos se pone dinero para salvar al sector financiero, digo yo que las condiciones deben ponerse al sector financiero y no a los ciudadanos", ha esgrimido.

"Alzamiento de la vivienda"
Desde que el pasado 12 de abril entró en vigor el decreto andaluz contra los desahucios, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de unas doce viviendas a los bancos. Ante la paralización del decreto y la situación en la que quedan estas familias, Griñán ha expuesto que se trata de un problema jurídico de "enorme trascendencia" y que si se aplica con efecto retroactivo puede darse la circunstancia de que las propiedades vuelvan a los bancos, con lo que se podría "producir un alzamiento" de las viviendas.

La Delegada preocupada por los inversores
Mientras para la Junta de Andalucía el problema es en que situación quedan las familias afectadas por la paralización de la norma, la Delegada del Gobierno piensa que la solución al problema de los desahucios "no pasa por las sanciones y las expropiaciones" incluidas en el decreto de la Junta que "crea inseguridad jurídica e incertidumbre entre los inversores".