ELPLURAL.COM publicaba en exclusiva en junio de 2012 el escándalo del cese de la jefa de la Inspección de Trabajo de Toledo, que, siempre según la denuncia de los subinspectores (), fue víctima política de la dudosa praxis del entonces coordinador de la Consejería de Trabajo, Marcelino Casas, un político del Partido Popular que ha sido alcalde durante 20 años, diputado provincial y alto cargo nombrado por María Dolores Cospedal, que intentó, sin conseguirlo, siempre según los firmantes del documento, influir y presionar para que la responsable de la Inspección anulara una sanción a su sobrino, propietario de una fábrica textil en la localidad de Miguel Esteban, donde trabajaba una menor ecuatoriana, de 14 años de edad, y una discapacitada sin contrato ni alta en la Seguridad Social.
La sanción fue archivada y la multa anulada
Los subinspectores no daban crédito al acta remitida desde el departamento de Marcelino Casas, anunciándoles el archivo de la infracción y la anulación de la sanción (6.000 euros). “Si la menor desarrollaba la misma tarea que la trabajadora minusválida, si dicha actividad fue considerada como laboral por la Tesorería de la Seguridad Social y reconocida como tal por el empresario al abonar la multa y no recurrir la sanción, ¿por qué la Consejería de Empleo, dirigida por Carmen Casero, entiende que la labor de la menor podría ser tan sólo un simple entretenimiento?”, reconocieron en su día a ELPLURAL.COM fuentes de la Inspección, que todavía hoy no entienden la decisión de Casero, ni la situación de interinidad en la que se encuentra la Coordinación de Trabajo, cuyo supuesto titular se niega a firmar cualquier documento hasta que su nombramiento no sea oficial, según funcionarios de Trabajo.
El caso llega al Congreso…
La publicación de ELPLURAL.COM llevó al PSOE a denunciar este sospechoso caso y, sobre todo, el escandaloso cese de la jefa de la Inspección de Toledo, Noelia Cano, por no aceptar presiones y favoritismos. El Grupo Socialista elevó su queja hasta el mismísimo Congreso de los Diputados, donde los parlamentarios Alejandro Alonso y Guadalupe Martín preguntaron a la ministra de Trabajo por las razones del cese de la que hasta ese momento era considerada por todos como una “ejemplar” profesional.
…Tras pasar por las manos de Jesús Labrador…
Los diputados socialistas decidieron llevar el caso al Congreso tras escuchar las razones esgrimidas por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, un activo miembro del PP, hombre de absoluta confianza de María Dolores Cospedal y amigo del exalto cargo ahora imputado, Marcelino Casas. Labrador justificó la destitución de Noelia Cano porque se trataba de “un cargo de libre designación” y, por ese motivo, “está clara la cuestión”, señaló en junio de 2012. Palabras que provocaron la indignación sindical, expresada por el secretario de Relaciones Institucionales de CC OO, Juan José González, quien no dudó en rechazar el cese, a la vez que manifestaba su reconocimiento y apoyo a la labor “independiente, profesional y rigurosa” de la cesada jefa de Inspección de Trabajo, manifestaciones que viniendo de un sindicalista no deben caer en saco roto.
La consejera de Empleo, Carmen Casero, y la presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal.
…Y acabar en manos de la Fiscalía
Precisamente, el PSOE se negó a que el escándalo cayera en saco roto ni a que la amistad que une a Marcelino Casas con el delegado del Gobierno y con el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, pudiera influir para que “Casas se fuera de rositas ante tamaña barbaridad”, reconocen fuentes socialistas a este periódico. Por eso, decidieron ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, quien ahora imputa al exalto cargo de Cospedal un supuesto delito de tráfico de influencias.
Declaraciones y testigos
El Ministerio Fiscal lo tiene claro y ha llamado a declarar como testigos a varios subinspectores, a la jefa de la Inspección, cesada por los citados acontecimientos, a su sucesor en el cargo y a otros funcionarios de la Administración regional, que deberán comparecer en el juzgado de Instrucción Nº 7 de Toledo el próximo 31 de julio. Los hechos juzgados se refieren a la anulación del acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo a la empresa de confección “Sandi Casas, S.L.”, propiedad del sobrino del exalto cargo Marcelino Casas, así como las causas que motivaron el cese de la anterior jefa de la Inspección de Trabajo. ¿Qué dirán ahora los amigos del imputado, Vicente Tirado y Jesús Labrador?
