La plataforma "Stop Desahucios" de Álava durante una concentración. EFE/Archivo
La dación en pago y el stop a los desahucios recogidos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que avala más de un millón y medio de ciudadanos, y cuyo trámite se había iniciado en el Congreso ha sido paralizada porque el Gobierno prefiere esperar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legislación hipotecaria española.
Retraso en la llegada de la nueva ley al Senado
El Grupo Popular en la Cámara Baja lo ha comunicado ya a la oposición, a la que no ha gustado nada la demora. Los populares pusieron palos en las ruedas a la iniciativa popular, a la que se opusieron hasta el último minuto, cuando anunciaron que la respaldarían en medio de la alarma social por los suicidios por desahucios.
El aplazamiento del trámite de la iniciativa popular pone en peligro los plazos previstos y la futura ley sobre este asunto no podrá ir al Senado el 29 de marzo, como estaba previsto.
Bruselas cree que no se protege a los consumidores
Según adelanta hoy El País, se espera que el Tribunal Europeo pida corregir la legislación actual, que considera que las normas españolas que regulan los procesos de desahucio son incompatibles con la doctrina de protección de los consumidores.
La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que cita El País, considera que la ley española vulnera los derechos de defensa de la persona cuando de entrada se le expulsa de la casa y esta se subasta, de manera que cuando el afectado litiga ya tiene el caso perdido.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca no cederá
Mientras, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca seguirán dando la batalla y han anunciado nuevas acciones con escritos a los diputados para que la nueva ley contenga sus reivindicaciones mínimas, esto, la dación en pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y creación de un parque de alquiler de viviendas sociales, con un precio módico.
Ni el Gobierno ni el sector financiero avala la dación en pago con carácter retroactivo porque las condiciones para la concesión de hipotecas serían mucho más duras. Quieren que sea una excepción, para casos especialmente vulnerables. La Plataforma ha dicho que exige que se cumplan los puntos de la Iniciativa.
