Lo anunció cuando el Gobierno argentino expropió la filial de Repsol en aquel país (YPF), expropiación que se produjo después del hallazgo de una de las mayores reservas de petróleo en Latinoamérica, el yacimiento de Vacamuerta, y ahora Repsol lo ha llevado a la práctica: pide al estado argentino una indemnización de 10.500 millones de dólares por una expropiación que considera ilegal

Repsol ha puesto el caso en manos de la principal institución en materia de arreglo de diferencias entre inversores internacionales, el CIADI, que tiene su sede en Washington y es una de las cinco organizaciones que integran el Banco Mundial. El importe de la indemnización que pide Repsol fue desvelada por el Financial Times y asciende a 10.500 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros.

Expropiación discriminatoria
Repsol basa su demanda en que el Gobierno argentino violó un acuerdo para la protección recíproca de inversiones con España al llevar adelante “una expropiación discriminatoria que no respetó disposiciones legales”, según fuentes de la petrolera al periódico económico.

Repsol tenía el 51% de YPF, porcentaje que valoró en 10.000 millones de dólares. El argumento del Gobierno argentino para expropiar ese 51% fue que la empresa española no había invertido lo suficiente para evitar la disminución de la producción de hidrocarburos en Argentina.

La empresa negó esas acusaciones y asegura que la expropiación de YPF obedeció a una estrategia del Gobierno argentino para quedarse con las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales de YPF.

Argentina se niega a negociar
Hasta la fecha el Gobierno argentino se ha negado a negociar con Repsol  una indemnización por la expropiación de YPF, además una comisión del Ministerio de Planificación Federal argentino debía tasar la participación nacionalizada, pero la valoración aún no se ha realizado.