Supongamos que durante la campaña electoral para elegir al gobernador de Texas, un periódico local publica que el candidato que se piensa ganador tiene sus ahorros en las Islas Caimán. El terremoto político e informativo hubiera sido tremendo.

El periódico acusador hubiera tenido que mostrar en horas los datos en su poder. El candidato acusado hubiera tenido que demostrar en horas la falsedad de la acusación.

Importante detalle: si alguno de los dos tarda horas en responder adecuadamente, el sherif del distrito lo detiene y lo lleva esposado a la prisión local. ¡Qué bien suena esto a una sociedad cansada de ver corrupción pública sin respuesta!

Pero tengo que insistir e intentar despertar a tanta gente dormida: ¿cómo puede ser que nada pase si un periódico acusa de corrupción a un político y un político acusa de infamia a un periódico?

En España sabemos de corrupciones que se resolvieron después de años de pleitos y de acusaciones de corrupciones que se resovieron después de años de pleitos. No puede ser.

En EEUU una sospecha como la que se ha planteado sobre CiU, en muy pocos días, hubiera ocasionado la cárcel (provisional) para el candidato o la cárcel (provisional) para el director del periódico que realizó la acusación de un delito.

¿Y en España? Nada, no pasa nada. La campaña electoral sigue su ritmo; algunos candidatos comentan el asunto; el Fiscal General está leyendo las memorias de Bono; los partidos políticos se callan porque no saben decir hasta aquí hemos llegado; nadie actúa con la seriedad y la firmeza que se hubiera actuado en los EEUU.

En los EEUU, hoy estaría en el juzgado de turno Artur Mas o Pedro José Ramírez. Y esposado. Pero nunca se podría imaginar nadie en los EEUU un candidato a gobernador o un director de un periódico en libertad tras semejante debate sin demostrar su inocencia.

Luis Solana es periodista y analista político