Un mes de plazo
Wert intentó frenar el descontento de las comunidades autónomas dándoles un mes de plazo para estudiar sus "sugerencias" y les deja decidir sobre la posible limitación del derecho de huelga de los alumnos dentro de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Lo cierto es que hay autonomías muy críticas con la reforma de Wert, como País Vasco, Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, que acusan al Ministerio de invadir sus competencias en materia de educación.
El reparto de competencias
Entre los temas que han suscitado mayor polémica se encuentra el nuevo reparto de competencias educativas ya que el Gobierno pretende aumentar su capacidad para establecer de los contenidos mínimos y comunes para todas las autonomías, de manera que pasa del 55% al 65%, en las comunidades con lengua cooficial, y del 65% al 75% en el resto.
Ante las críticas a esta iniciativa, sobre todo de Cataluña y País Vasco, que consideran que supone una invasión competencial, el titular de Educación ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de "clarificar" las competencias del Estado, las autonomías y los centros en el sistema educativo.
Otra de las medidas que han suscitado polémica es la realización de las pruebas de evaluación censales y nacionales -dos en Primaria, una al final de la ESO y otra al final de Bachillerato, estas dos últimas necesarias para titular-, que serán gestionadas por el Ministerio de Educación y que Cataluña ha criticado por considerar que los contenidos de estas pruebas son de su competencia, de acuerdo con lo que prevé la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Además de las reválidas y del nuevo reparto en la elaboración de los contenidos comunes, la reforma educativa contempla adelantar la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, mediante optativas en 3º de ESO para que en 4º de ESO estas vías estén diferenciadas.
Padres y alumnos abandonan el Pleno del Consejo Escolar
Este martes, representantes de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), los sindicatos de enseñanza de CCOO, UGT, STES-i, Intersidical Galega, ELA Sindikatua, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), el Sindicato de Estudiantes y miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han decidido abandonar el Pleno del Consejo Escolar del Estado, en el que se debate la LOMCE.
Ataque a la libertad de expresión
Estas organizaciones protestan por la decisión del hombre de Wert en el Consejo Escolar del Estado, su presidente, Francisco López Rupérez, de no tramitar ante el Pleno el informe dictamen de STES-i, alternativo al elaborado por la Comisión Permanente sobre la reforma educativa del Gobierno, basándose en un informe de la Abogacía del Estado. Para estas organizaciones, esto supone "censurar" la opinión de una parte del profesorado y un "ataque a la libertad de expresión".
Según explica STES-i, en este informe de la Abogacía se afirma que el dictamen de este sindicato cumple los requisitos exigibles de 'motivación' y 'precisión', pero no así el de 'respeto', tres requisitos que deben cumplir los dictámenes alternativos según el reglamento del Consejo Escolar. El documento mencionado señala que entiende el requisito de 'respeto' como la "debida neutralidad", por lo que el dictamen de STES-i no puede ser tomado como voz de una institución.
Se está desmantelando la educación pública
La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) anunció ayer que no se presentaría al Pleno del Consejo Escolar donde, aseguran, saldrá un dictamen que legitime la "contrarreforma educativa" planteada por el ministro de Educación Para la organización estudiantil "la Ley Wert supone la cristalización de todo el desmantelamiento económico que ya ha sufrido la educación pública".
