La chispa que desató esta última batalla la hizo saltar el propio Rajoy cuando dijo en el Congreso de los Diputados que el nuevo plan de ajuste supondría 65.000 millones de euros en dos años y medio. La cifra había salido del despacho de Álvaro Nadal y tenía en cuenta algunas variables difíciles de explicar, como una posible nueva subida del Impuesto sobre la Renta (IRPF) en caso de que la actividad económica no suba lo suficiente como para encajar la recaudación adicional prevista. Los técnicos de Hacienda asociados en Gestha dieron la primera voz de alarma antes del Consejo de Ministros cuando dijeron que la subida del IVA sólo supondría una recaudación adicional de 7.500 millones por año.

Convencer a los mercados
Con esa cifra encima de la mesa iba a ser muy complicado convencer a los mercados de que la cifra estaba total estaba bien calculada. Luis de Guindos, esta vez de acuerdo con el asesor presidencial Álvaro Nadal, advirtió al jefe del Ejecutivo de que dejar en blanco la respuesta a cómo iba a lograrse el ahorro sería contraproducente. El responsable de la recaudación es el ministro de Hacienda, cuyos cálculos tampoco encajaban con la cifra aireada por Mariano Rajoy. La solución “imaginativa” de Moncloa volvió a ser, una vez más, ganar el tiempo suficiente para encontrar algo que de verdad lograra no enfurecer a los mercados ni a los socios europeos. El viernes, mientras De Guindos y Montoro arropaban a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, nadie podía dar cifras porque realmente no existían. Todo eran cálculos realizados grosso modo.

Patéticas evasivas
Las patéticas evasivas de Montoro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, eludiendo cualquier respuesta que contuviera alguna cifra concreta, fue la gota de agua que colmó el vaso. El departamento que tiene a su alcance todos los datos y los programas informáticos capaces de saber cuánto puede suponer una subida de impuestos es precisamente el de Hacienda, pero las cifras no encajaban y quien iba a tener que dar explicaciones a los analistas internacionales era el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuyo semblante era un auténtico poema. La referencia del Consejo de Ministros se retrasó algo más de lo habitual. Había excusa, puesto que antes de la reunión decisoria se había celebrado otra deliberante, presidida por el Rey, lo que había atrasado un poco toda la maquinaria gubernamental.

Victoria pírrica
Finalmente hubo referencia, y muy extraña. El decreto-ley de recortes generales y subidas de impuestos iba incluido, como viene siendo habitual en este tipo de medidas, dentro de las decisiones de “Presidencia”. Así no salía perjudicado ninguno de los dos ministros enfrentados. Pero el decreto-ley que articula el mecanismo para que las comunidades autónomas tengan dinero con el que devolver las deudas bancarias quedaba encuadrado dentro de las decisiones del “Ministerio de Economía y Competitividad”. Este encaje en la presentación pública de las decisiones tiene más peso político del que pueda parecer, puesto que el ministerio encargado de las relaciones económicas del Gobierno central con los autonómicos es el de Cristóbal Montoro, denominado precisamente “Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. Llama la atención pues que este tema fuera en la referencia dentro de las decisiones de Economía, cuando el texto legal se denomina oficialmente “Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero”.

Datos en inglés
Pero quedaba por resolver el nudo gordiano de la pelea, que no era otro que la publicación de unas cifras creíbles para los mercados. La solución, nuevamente salomónica, al más puro estilo de Rajoy, fue ponerlas en la página web que comparten los dos ministerios y que bajo el epígrafe de “The Spanish Economy”, recoge, en inglés, la información más relevante de las actuaciones del Gobierno en forma de presentación para los mercados financieros. Luis de Guindos se había salido con la suya y Moncloa accedió a dar las cifras. Montoro se creía protegido tras la trinchera de Internet y el inglés, pero al final se supo que, efectivamente, el IVA no suponía ni siquiera la mitad de la cifra dada por Rajoy en el Congreso, que el recorte a las prestaciones por desempleo suponían casi 14.000 millones de euros y que los 65.000 millones anunciados por el jefe del Ejecutivo son en realidad 56.440 millones, a falta de otras medidas adicionales.

Los mercados y Rajoy, a lo suyo
Este primer asalto de la batalla final parece haberlo ganado Luis de Guindos, que ya ha empezado a estar harto de tener que explicar en Europa cosas que ni siquiera ha decidido ni programado su ministerio. Pero en los escasos ocho meses que lleva como ministro ha aprendido también que quien sale del Gobierno con cierto honor lo puede hacer de dos maneras: dimitiendo y dejando claro el desacuerdo con lo que se está haciendo, o esperando una salida honrosa. ¿Caerán los dos responsables del área económica (De Guindos y Montoro) en los próximos meses? ¿Quedará uno de ellos? Son incógnitas de las que le gusta alimentar a Mariano Rajoy pero que en las actuales circunstancias pueden crear unas incertidumbres que anulen los posibles efectos positivos ante los mercados de unas medidas tan agresivas como las decididas por el último Consejo de Ministros.