Tres vías
Hasta ahora, el Gobierno había utilizado dos mecanismos para ayudar a la banca. Una ha sido la intervención directa por el Banco de España (caso de Caja Castilla-La Mancha o la CAM), otras han sido articuladas mediante nacionalizaciones (casos de Novacaixa, Banco de Valencia o Catalunya Caixa), y una tercera vía ha sido la de los préstamos para salir del apretón. En las dos primeras fórmulas, una vez saneadas las entidades intervenidas o nacionalizadas, su vuelta al sector privado se hace mediante la adjudicación a otra entidad financiera y el dinero puesto por el Estado le es reintegrado al FROB por el comprador y por el Fondo de Garantía de Depósitos (una entidad en la que bancos y cajas ingresan un porcentaje de sus ingresos para socorrer a las que entren en crisis).
Privatización difícil
En el caso de Bankia, el Gobierno se enfrenta a un saneamiento para el que el Estado tendrá que adelantar más de 20.000 millones de euros y cuya vuelta al sector privado tiene serios problemas para que el Tesoro recupere el dinero adelantado. Al ser una ampliación de capital, la única forma viable de que el Estado vaya recuperando su dinero es vender las acciones de BFA-Bankia a otros grupos financieros. Pero para eso hay que esperar un tiempo y ver si alguien está dispuesto a pagar lo que el FROB ha puesto sobre la mesa. El dinero invertido por el FROB no computa como déficit público según la contabilidad europea, pero los intereses que pague por conseguir el dinero son pérdidas que en último extremo sí pueden afectar al presupuesto del Estado.
La opción Rumasa
Una de las soluciones estudiadas por el Ministerio de Economía estas últimas fechas para solventar este problema es acudir a una fórmula parecida a la que utilizó el Gobierno socialista de 1982 para sanear Rumasa. En aquella ocasión hubo una emisión de deuda pública especial, pactada con el sector financiero, por el que los bancos se comprometieron (y así lo hicieron) a comprar las obligaciones del Estado a un tipo de interés previamente acordado, mucho9 menor del que el Gobierno habría tenido que pagar en una subasta normal. Ahora se plantea algo parecido. Que los bancos compren los bonos del FROB a un interés pactado, mucho menor del que debería pagar si sale al mercado a colocar la emisión.
Quién paga la factura
El problema fundamental se plantea cuando se mira cómo puede volver Bankia al sector privado. Su tamaño es lo suficientemente grande como para convertir a quien se fusione con ella en el mayor banco español por muchos años. Su red es tan extensa que cualquier entidad financiera que la adquiera tiene que acometer un plan severo de cierre de sucursales para evitar ineficiencias. Y sobre todo hay que devolver al Estado los más de 20.000 millones adelantados. El Fondo de Garantía de Depósitos tendría que adelantar las cuotas de nueve años para hacerse cargo del agujero, con lo que algún banco podría entrar en pérdidas. La solución, en los próximos meses.
