¿Se puede recortar de donde no hay? Sí, se puede. María Dolores Cospedal ha demostrado que su “tijeretazo” no conoce límites ni distingue entre pudientes y necesitados; entre pobres y ricos. La obsesión por reducir el déficit, sin subir los impuestos como ha hecho el Gobierno central y otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, está llevando a la presidenta de Castilla-La Mancha a cebarse con las capas sociales más desfavorecidas, que son las que “pagan los platos rotos de la política neoliberal” aplicada por la todavía secretaria general de la derecha española, señalan fuentes del PSOE.

Duro golpe a los dependientes
Y como muestra, el “botón” de la dependencia. Es pública la tensa relación que mantienen los dependientes con Cospedal, a los que adeuda más de 11 millones de euros. Pero de negarse a pagar sus ayudas a cobrarles por realizar los obligados expedientes de discapacidad o dependencia va un trecho de difícil recorrido, que solo busca disuadir a aquellas personas que pretendan usar su derecho legal a solicitar una valoración gratuita de su nivel de dependencia, para solicitar posteriormente las ayudas que recogen la ley.

Penaliza a la juventud
Pero si a los dependientes les quiere cobrar, a los jóvenes les penaliza y retira cualquier ayuda a su emancipación, o decide abolir las leyes que buscaban allanar el camino a un colectivo con escaso poder adquisitivo que vive fundamentalmente del apoyo económico de los padres. Así las cosas, Cospedal deroga la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda y suprime el carnet de descuentos en el transporte para los estudiantes, trabajadores y pensionistas.

Menos Educación, menos ayudas
Otro de los sectores que sufren el “tijeretazo” de Cospedal es la Educación. La presidenta deja sin efecto la obligatoriedad por ley de destinar el 6% del PIB regional a la Educación, a la vez que elimina la gratuidad de los libros de texto y excluye el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos en Infantil y Primaria. Del mismo modo, pretende controlar los presupuestos de la Universidad, cuya privatización tampoco se descarta.

Más trabajo, menos sueldo
Un tanto de lo mismo les sucede a los funcionarios, que además de ver recortado su sueldo un 3% y ampliada su jornada laboral en 2,5 horas semanales, también congela la oferta de empleo público, reduce en  un 15% las guardias de los médicos y disminuye la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día. Eso sí, la bajada del salario es igual para un consejero (60.000 euros) que para un celador (16.000). Finalmente, rompe los compromisos laborales y salariales adquiridos con los sindicatos, que han convocado una huelga general en la función pública para el 29 de febrero.