La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que confirma una condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, ha encendido una alarma nacional e internacional. Lo que se presenta como justicia, en realidad, se percibe cada vez más como una maniobra para eliminar políticamente a la figura opositora más poderosa del país.

El fallo —celebrado por el presidente Javier Milei y su círculo más cercano— llega apenas días después de que la expresidenta anunciara su candidatura a la legislatura bonaerense, con grandes posibilidades de imponerse en las urnas y recuperar inmunidad parlamentaria. El momento no parece casual. Es un claro caso de persecución judicial con fines políticos.

Una condena sin pruebas directas

La sentencia no se basa en pruebas concretas ni documentos firmados por Cristina. No se le comprobó enriquecimiento personal ni participación directa en maniobras fraudulentas. Aun así, fue condenada por ser la supuesta “jefa” de una asociación ilícita.

La lógica del tribunal es peligrosa: argumenta que, por haber sido presidenta, debió saber. Ese razonamiento no solo viola principios fundamentales del derecho penal, como la responsabilidad individual, sino que abre la puerta a que cualquier figura política pueda ser juzgada solo por el cargo que ocupa, sin evidencias reales.

Para agravar el cuadro, los proyectos de obra pública que forman parte de la acusación fueron aprobados por el Congreso, incluso con votos de la oposición. Cristina, además, había pedido en el Senado una auditoría integral de todas las obras de su gestión, propuesta que fue bloqueada. ¿Quién teme a la transparencia?

El gobierno de Milei y el uso político de la justicia

Milei dice defender la libertad y la república, pero celebra que el Poder Judicial silencie a su principal rival política. Publicó en redes sociales la palabra “Justicia” y compartió mensajes festejando el fallo. Este aval al lawfare contradice sus propios discursos sobre institucionalidad.

No hay que olvidar que Cristina Kirchner fue víctima de un intento de magnicidio en 2022, y desde entonces ha sido sistemáticamente perseguida. Esta condena —en el contexto actual— no es más que un intento de eliminar su figura del tablero político sin pasar por las urnas.

La verdadera amenaza: una democracia sin opciones

Cristina mantiene un fuerte respaldo popular. Su candidatura era vista como una oportunidad para reorganizar al campo popular frente al avance de la ultraderecha. Impedir que se presente es negarle al pueblo su derecho a elegir.

Pero esta jugada puede salirle muy mal a la oposición.

La historia latinoamericana ofrece ejemplos contundentes: Juan Domingo Perón fue proscripto durante casi 18 años y volvió con más fuerza en 1973. Lula da Silva, injustamente encarcelado y excluido de las elecciones, regresó como presidente de Brasil en 2022. Intentar eliminar a Cristina del escenario político podría, en lugar de debilitarla, fortalecer su figura histórica y su legado político.

Además, hay fundamentos jurídicos sólidos para que, en el futuro, Cristina solicite una revisión de la condena. La falta de pruebas directas y las irregularidades procesales abren la puerta a que la sentencia sea anulada en instancias superiores. Y si eso ocurre, la narrativa judicial se derrumbará como un castillo de naipes.

Esto ya no es solo una causa judicial. Es una advertencia: cuando un sistema democrático recurre a los tribunales para impedir una candidatura, lo que está en juego no es una persona. Es la democracia misma.