"Consejos vendo que para mí no tengo". Este podría ser un buen resumen de lo que le ocurre al Partido Popular (PP) en materia televisiva. Mientras que desde Génova cargan recurrentemente contra Televisión Española (TVE), alegando parcialidad e intereses, solo hace falta echar un vistazo a cuál es la situación de las televisiones públicas en los territorios dominados por los azules. Manipulación informativa, modificación de leyes, privatización, supresión de los mecanismos de control o 'dedazos' con los que colocar a sus afines en los altos cargos. Esta es la radiografía de un control sistemático que ha provocado que las radiotelevisiones de territorios como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana o Islas Baleares se desangren.
Canal Sur, donde la manipulación informativa alcanza "límites como nunca habíamos conocido"
Las etapas más recientes de Canal Sur están marcadas por la manipulación informativas. De hecho, en 2006 surgía el Consejo Profesional de la RTVA, un órgano independiente para velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas, como son "la independencia, imparcialidad, rigor, veracidad o pluralismo". Uno de sus miembros, Pedro Lázaro, aporta una "fecha clave" en esta injerencia política en declaraciones a este medio: "Febrero de 2020 y la llegada de Álvaro Zancajo a la Dirección de Informativos".
Desde aquel momento, los trabajadores denuncian que "la colonización política es cada vez mayor" y para fundamentar su denuncia, en los últimos cuatro años, el Consejo Profesional ha puesto sobre la mesa más de un millar de "malas prácticas", que han "sacado a los andaluces y a sus problemas de la televisión pública". La problemática de la ciudadanía está siendo expulsada de las escaletas, inundadas por la información ligada a los intereses de la Junta y, por supuesto, de Moreno Bonilla, convertido en la gran estrella de su televisión: "El presidente de la Junta monopoliza el 40% de toda la información política de Andalucía o el 70% junto a sus consejeros y el partido que le sustenta".
El PP se ha "adueñado" de la información en Canal Sur de tal manera que su "argumentario es prácticamente la escaleta de los espacios de noticias de la cadena", motivo que les lleva a denunciar un "claro sesgo ideológico". Gran parte de la plantilla se encuentra movilizada con el objetivo de derribar esta injerencia, pero no todo es tan fácil como muchos podrían pensar. Antes las quejas, se responde con "desprecio", "ataques" y, también, "silencio", puesto que el Consejo de Administración rompió todo tipo de relaciones. Lázaro reconoce que la "represión" ya no es tan "burda", sino más "sutil" y se oculta tras supuestas cuestiones organizativas: "La forma de las represalias es clara, cualquier persona incómoda es relegado a cualquier otra labor o destino" donde no pueda "molestar".
Este control evidente ha supuesto que se llegue a hablar de "Morenato", que "no existiría sin el control político de los medios en Andalucía", tal y como afirmaba Mario Jiménez, uno de los portavoces del PSOE-A. "Necesitan tener los medios de comunicación a su servicio", ya que únicamente "funciona la propaganda y la confrontación con el gobierno de España".
Telemadrid o cómo sacrificar las audiencias en beneficio del culto a Ayuso
La televisión pública madrileña saltaba por los aires en julio de 2021, momento en el que José Antonio Sánchez fue designado administrador provisional de la televisión madrileña por Isabel Díaz Ayuso. Con su llegada el primero en caer fue el mismo José Pablo López, al que fue fulminaron como director general, cargo que ostentaba desde 2017. Días más tarde cayeron siete nombres más, entre los que se encontraba Jon Ariztimuño, actual director de Informativos de RTVE.
En apenas una semana, la apodada por muchos como "TeleAyuso" quedaba resignificada. Todo ello, favorecido y motivado por el PP de la lideresa madrileña, que cambió la ley para poder tomar su control. "Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica", llegó a decir la presidenta popular en el año 2020, denunciando lo que, para ella, era una anomalía.
Desde entonces, las escaletas de los distintos programas de la cadena, especialmente los servicios informativos, llevan a cabo un culto a la presidenta, ensalzando sus movimientos y secundando sus azotes al Gobierno. Uno de los últimos ejemplos más claros se ha dado a raíz del Festival de Eurovisión 2025. Con motivo de la participación de Israel, RTVE mostraba un rótulo pidiendo "Paz y Justicia para Palestina" y, días más tarde, desde Telemadrid, concretamente desde el programa de Antonio Naranjo (El análisis diario de la noche) respondían de la siguiente manera: "Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela, con los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos. Siempre. No a veces".
Los trabajadores de Telemadrid emitían un comunicado denunciando que "el mensaje sigue la línea de las declaraciones que Isabel Díaz Ayuso había dado a la prensa para criticar a RTVE": "La presidenta marca el camino y los siervos se lanzan a él". "Ahora resulta que Telemadrid y Antonio Naranjo se pasan el día luchando contra las injusticias y las masacres y no nos habíamos dado cuenta. Ese viejo truco de la extrema derecha está ya muy visto. En cuanto señalas a uno de los suyos te dicen que por qué no hablas de esto y de aquello, que también es horrible. (...) Es incomprensible y muy grave que se utilice a la radiotelevisión pública madrileña para mantener a toda costa la batalla de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno Central, aunque sea con el coste de los derechos humanos", añadían.
Jorge Rodera, presidente del Comité Intercentros de Telemadrid, lamentaba en una entrevista con ElPlural que esta injerencia se manifiesta en los índices de audiencia de la cadena: "La ciudadanía deja de verte, solo acaba viéndote un público irrisorio. Estamos en una audiencia que no llega al 5% de share, entonces al final eso lleva a un deterioro”. "Tenemos compañeros en estado precario que están ganando 800 euros, son fijos de plantilla que están trabajando a media jornada y que están en precario y que no se les está dando una solución de aumento de jornada y cuando pueden lo achacan a un problema de presupuesto, pero no hacen más que gastarse dinero en toros, el fútbol de primera, que no lo ve nadie”, resumía sobre la situación laboral y las prioridades para la cadena.
La TVG y la "mano dura" de Feijóo
En el caso de la TVG, los propios trabajadores protestan en público contra la manipulación a favor del Partido Popular desde hace años. Así surgieron los conocidos como 'Viernes negros'. En Galicia llevan "muchos años movilizados" para intentar "atacar, sobre todo, la manipulación informativa y el desmantelamiento de los medios públicos", tal y como contaba a este medio Raquel Lema, presidenta del Comité Intercentros de la CRTVG. Aunque asegura que desde que surgieron las radiotelevisiones públicas, "siempre ha existido una confusión interesada, la tentación de meter la mano en los medios para que escriban al dictado de los intereses partidistas y políticos de los gobiernos de turno", Lema fecha un "punto de inflexión" en territorio gallego: "Superada la etapa de Fraga y la etapa del bipartito (2005-2009), a partir del 2009, con el primer Gobierno de Feijóo, empezó a aplicarse la mano dura, a controlar las redacciones, a escribir al dictado de las distintas consejerías".
Los trabajadores denuncian que durante el último gobierno de Feijóo el "control" fue aún más burdo: "Tuvimos una represión formidable sobre los trabajadores y las trabajadoras que se negaban a someterse a las prácticas de manipulación informativa. A más movilización, más represión". Esto les lleva a denunciar que "nunca estuvimos peor de lo que estamos ahora, nunca": "La manipulación nunca fue tan descarada, tan grosera, tan vergonzosa, y la represión nunca fue tan feroz".
Esta situación, derivada del "entorno laboral tóxico", está conduciendo a un "altísimo" absentismo laboral. Con la llegada de Alfonso Rueda a la presidencia en 2022, apareció una "esperanza ingenua" en la RTVG, pero pronto se terminó esfumando: "No hubo ningún cambio y, quizás, todavía fue a peor el grado de simplicidad de la manipulación informativa". Los trabajadores luchan contra este "secuestro", pero también contra la aceleración de la "privatización" de sus servicios, poniéndolos "en secreto" en manos de terceros que "son más dúctiles y dóciles" y "rendirán cuentas al gobierno que decide quién les paga".
Recientemente, tras la reciente aprobación de la ley para regular los medios públicos en la Cámara autonómica, el PPdeG propuso a Concepción Pombo Romero para ponerse al frente de la Dirección Xeral -Dirección General. Cabe destacar que los de Rueda no necesitan negociaciones ni debates ya que, con la nueva ley, que ellos mismos aprobaron en solitario, la mayoría absoluta es suficiente para imponer a su candidata. Por ello, desde la oposición lo han calificado de un "dedazo".
À Punt, donde Mazón y Vox fulminan los mecanismos de control
Sin ninguna duda, À Punt es una de las televisiones autonómicas que más cambios ha sufrido en los últimos meses. El canal llevó a cabo una aplaudida labor de servicio público con motivo de la trágica DANA del pasado 29 de octubre, pero la realidad en sus pasillos fue muy diferente. Un mes más tarde, Alfred Costa abandonaba la Dirección, a expensas de que Vox y PP "le confirmaran oficialmente o lo destituyeran formalmente", como contaba a ElPlural Toni Villareal, líder del Comité de empresa de À Punt.
La sobremesa de Mazón con Maribel Vilaplana en la que supuestamente el popular le ofreció su cargo lo terminó precipitando todo: "La intención del nuevo Gobierno era nombrar a su gusto, alguien más afín, pero como se retrasó su nombramiento, y ocurrió la DANA, la cosa se les desmadró un poco", y finalmente Costa "aprovechó el escándalo y dimitió para forzar que se resolviera su situación de interinidad". Al Ejecutivo le tocó "nombrar a un nuevo director deprisa y corriendo", y así llegó Vicente Ordaz.
En menos de seis meses al frente de la Dirección de la televisión pública regional, el directivo ya ha estado bajo lupa en más de una ocasión. Por ejemplo, con la idea de aumentar el castellano en la programación de À Punt para incrementar las audiencias, que han sido señaladas como su gran obsesión. A este vaivén de rostros hay que sumarle el último despido: Mazón cesaba al director de Informativos de la DANA, Iván Esteve, para poner en su lugar a un viejo rostro de Canal 9, Josep Magraner.
En paralelo, PP y Vox han sacrificado parte de los mecanismos de control, como el Consejo de la Ciudadanía, "que se encargaba de velar un poco, de emitir un informe anual para ver cómo estaba, por ejemplo, la libertad de expresión" o el Consejo de Informativos, que "tenía la última palabra a la hora de decidir el director de Informativos" y si no lo "refrendaba", "no podía asumir el cargo".
IB3, una televisión pública con gestión privada y conflicto crónico
La radiotelevisión pública de Baleares atraviesa una etapa de fuerte agitación desde que el Govern de Marga Prohens introdujo cambios significativos en su dirección. A finales de febrero, Josep Codony fue nombrado nuevo Director General de IB3 en sustitución de Albert Salas, quien había anunciado su salida tras apenas dos años en el cargo. El relevo, avalado por PP y Vox en el Parlament, no ha estado exento de controversia: el comité de empresa considera que responde a intereses políticos más que a criterios profesionales, en un contexto de creciente movilización de la plantilla por mejoras laborales históricamente reclamadas.
El perfil de Codony ha sido especialmente cuestionado. Exconcejal del PP en Inca y sin formación periodística, su elección ha provocado críticas tanto en el seno de la cadena como desde la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares. No es la primera vez que ocupa este cargo: ya dirigió el ente durante la legislatura de José Ramón Bauzá, también del PP, marcada por una gestión polémica en la cadena pública. Su regreso ha sido interpretado como un gesto del Govern para asegurarse el respaldo de Vox, en plena negociación de unos presupuestos aún sin aprobar. La formación ultraderechista, aunque crítica con una televisión que emite íntegramente en catalán, apoyó su designación.
La salida de Salas, considerado una figura independiente por los trabajadores, desató una cascada de dimisiones en la cúpula de IB3. Abandonaron su puesto directivas clave como Marisa Candia, Mar Comín y Vanessa Cursach, lo que dejó al ente en un proceso de reestructuración interna en plena primavera. Las tensiones laborales se han reavivado con nuevas protestas y la sensación de que el conflicto estructural en IB3 —una empresa que opera bajo criterios más cercanos a una concesión privada que a una gestión pública— sigue sin resolverse desde su fundación en 2005.
Aunque el escenario político en Baleares no presenta elecciones a corto plazo, los movimientos en IB3 parecen diseñados con la vista puesta en un nuevo ciclo electoral a nivel nacional. El Govern de Prohens aprovecha este paréntesis electoral para consolidar su influencia en el ente, en medio de acusaciones de instrumentalización partidista del medio público.