La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba este jueves que cambiaba de opinión y que iba a apoyar la intención de Vox de derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid. En tan solo dos años, la líder regional ha pasado de afirmar que las normas que protegen y blindan derechos al colectivo LTGBI "no tienen que ser eliminadas" y que Vox "impone su normativa desde una minoría" a asegurar que las realidades trans son una "moda" formentadas por "los teléfonos, las plataformas y los programas de televisión".
El giro del Ejecutivo de Ayuso de momento no eliminará la norma. La Asamblea de Madrid se disuelve el próximo 23 de marzo ante la cercanía de las elecciones del 28-M y que Vox haya presentado la derogación por la vía de urgencia este jueves hace imposible que llegue a ser efectiva. Sin embargo, Ayuso ha prometido que será "el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata". El ruido y los bulos entorno a las personas trans después de que el Congreso aprobara la norma a nivel estatal han provocado que su homóloga madrileña, pionera, avanzada en derechos y replicada dentro y fuera de las fronteras españolas corra peligro de ser recortada a partir del mes de junio cuando se constituya la nueva Asamblea de Madrid.
Autodeterminación de género
La autodeterminación de género es el punto que más molesta a PP y Vox y que más bulos concentra. De hecho, la propia Monasterio es una de las personas que más bulos ha vertido sobre el tema. “Un acusado de maltrato, un verdadero maltratador de los que tienen que estar en la cárcel, un violador reincidente podría declararse mujer. Con esta ley podría autodeterminarse mujer y no ser juzgado”, decía consciente de que las CCAA no tienen ninguna competencia en el ámbito penal y que no pueden legislar al respecto. Tampoco lo permite la recién aprobada Ley Trans a nivel nacional, que establece que de haber cometido un delito siempre será juzgado con la identidad que mantenía en el momento de cometer el delito.
La norma incluye al inicio de su articulado, en concreto en el artículo 4 la libre autodeterminación de género explicando que "toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual" y añade que es "esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad".
Además, regula que "las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género manifestada, con independencia de su sexo legal (visible en el DNI y cuyo cambio es competencia del Estado a través del Registro Civil), y así obrará la Comunidad de Madrid en todos y cada uno de los casos en los que esta participe”. Por ello, permite la posibilidad de cambiar el nombre en los documentos administrativos de carácter autonómico pese a que no haya cambiado su identidad en el Registro Civil. Resulta de un trámite que permite que las personas trans puedan tener su verdadera identidad reflejada en cosas tan cotidianas como la lista de clase en el colegio, instituto o universidad, la tarjeta sanitaria o el abono transportes.
No obstante, se trata de un trámite que no ha sido debidamente publicitado dentro de los centros de salud y las noticias sobre personas trans a las que en su centro de salud le han puesto pegas para cambiar el nombre en la tarjeta sanitaria por no haber realizado el cambio en el cambio en el Registro Civil.
Garantizada la asistencia sanitaria
Si seguimos leyendo la norma aprobada en 2016 encontramos con que las personas trans tienen garantizado también el "ser atendidas en proximidad sin sufrir desplazamientos y gastos innecesarios, así como a solicitar la derivación voluntaria a los centros de atención especializada pertinentes a su tratamiento". Por ello, tienen derecho a recibir tratamiento hormonal si la persona lo desea y también contempla que el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid proporcione y financie las cirugías genitales y de tórax. Sin embargo, la norma indica otro de los grandes problemas que existen: "la gestión de las listas de espera ajustada a la máxima transparencia, agilidad y eficacia”. Actualmente, se exigen dos años para que a una persona trans la puedan atender Unidad de Identidad de Género (UIG) de Madrid.
De esta forma, existen problemas como en el caso de personas no binarias, que prefieren masculinizar su pecho y son obligadas a tomar hormonas a pesar de que la norma establece que no debe haber requisitos para acceder a estos trámites.
La protección de los alumnos
En la norma se indica expresamente que la Comunidad de Madrid debe implantar un protocolo de atención a la identidad de género del alumnado. Así, se habla de habla de cuestiones tan básicas en el desarrollo de un alumno como que se le trate con su nombre o que no se le discrimine al entrar a un baño o vestuario dentro del centro educativo. De derogar esta norma, los centros no estarían obligados a cumplir este protocolo con el consiguiente perjuicio que puede tener para un niño o adolescente trans.
Régimen sancionador
La norma también establece el régimen sancionador. Por ejemplo, utilizar o emitir expresiones vejatorias sobre las personas trans pueden ser sancionadas como un apercibimiento o una multa de 200 a 3.000 euros. En el caso de una infracción grave, que incluye desde obstrucciones a trámites o el uso de expresiones que inciten a la violencia, son sancionadas con multas de 3.001 euros hasta 20.000. Por último, incurrir en una infracción muy grave como realizar una agresión se multa con sanciones de 20.001 a 45.000 euros así como no poder recibir ayudas públicas de la Comunidad, inhabilitar a la persona o que no pueda contratar durante la administración en un período de hasta tres años
Una ley que no se cumple en su totalidad
Pese a los beneficios que tienen para las personas trans la ley madrileña, lo cierto es que hay numerosas deficiencias y no se ha llegado a aplicar por completo. Así lo denuncia la exdiputada del PSOE, Carla Antonelli, una de las impulsoras de la norma.
"Ayuso lleva diciendo que va a modificar las leyes, pero no sabemos qué es lo que quiere tocar. Que lo diga claro y deje de dar inseguridad a las personas LGTBI", comenta el diputado del PSOE, Santi Rivero. "Las leyes no las están desarrollando. Hay muchos puntos que no se cumplen, pero otros que se quedarían sin atender de derogarse la norma como el cambio de nombre de la tarjeta sanitaria. Si eliminan la autodeterminación de género niegan el básico a una persona trans que es cambiar su nombre. Quieren crear un agujero jurídico. Es un voto cobarde. Si lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho hace un año", añade.
"Hay que ser muy sinvergüenza para decir que somos una moda", añade Antonelli. "Ayuso nació en el 78, cuando a muchas de nosotras nos molían a palos y el alma. Es olvidar nuestra memoria histórica y del camino que hemos tenido que recorrer las personas LGTBI. Es una falta de empatía y desconocimiento que da mucha vergüenza", añade apenada porque la norma pueda caer.
