Hace unos meses, la portavoz de Ciudadanos en el parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, llamaba la atención acerca de las comunicaciones a través de WhatsApp. En concreto, advertía en julio pasado, a través de una resolución que elevaba al parlament, sobre la utilización de esta plataforma de mensajería como medio de comunicación en el seno de la cámara catalana.

En aquella propuesta, se avisaba de algunos inconvenientes derivados de su uso, al tiempo que instaba a Carles Puigdemont a evitar recurrir a ella si la materia a abordar era confidencial y sensible. Incluso, ponía en entredicho la seguridad del sistema cifrado del que se sirve WhatsApp.

Privacidad sí, pero…

Ahora parece que la Comisión Europea también entra en el juego de cuestionar la aplicación propiedad de Facebook y otras similares desde la perspectiva de la protección de la privacidad de sus usuarios.

Sin embargo, el organismo comunitario parece apuntar al apartado económico o de beneficios que generan estas apps, de modo que propone que en la materia se equiparen estas empresas a los operadores tradicionales de telecomunicaciones.

El asunto no es menor y persigue, según comentó el vicepresidente comunitario para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, “generar la confianza en el mercado único digital que la gente espera”.

Los metadatos y su uso

Detrás de una declaración sumamente política se halla el cuestionado uso que tanto WhatsApp o Skype, como Gmail y otras herramientas, hacen de los datos, algo así como el peaje al que los usuarios deben hacer frente por disponer ‘gratuitamente’ de ellas.

La Comisión Europea da el visto bueno a una petición reclamada repetidamente por los propios proveedores de telecomunicaciones.

La misma centra su atención en los llamados metadatos, es decir, básicamente fecha, hora y localización, entre otros, derivados de las comunicaciones electrónicas y que, tal y como reclama el organismo, deben ser anónimos o eliminados si así lo solicita el usuario, a menos que esa información sea requerida para propósitos como la facturación.

Consentimiento expreso

La medida busca que sea la persona que utiliza estos servicios la que otorgue expresamente el consentimiento para el uso de sus datos con fines publicitarios o, lo que es lo mismo, para que reciba anuncios personalizados, uno de los grandes y jugosos negocios que derivan del mundo online.

Lo curioso del tema es que la Comisión, si bien parece centrar su atención en la protección de los usuarios, no olvida que, en caso de que estos den el visto bueno al uso de esos datos, las operadoras tradicionales tendrán “más posibilidades” de usarlos y de facilitar, según dicen, servicios adicionales, aunque se supone que previo pago. En definitiva, les abre las puertas a participar en el reparto del pastel del rico negocio publicitario que encierran los datos de los usuarios.

“Límites estrictos”

La organización europea de consumidores, BEUC, a raíz de la propuesta de la CE, solicitó que la nueva regulación obligue al sector a aplicar fuertes políticas de privacidad e imponer "límites estrictos" al rastreo.

Por su parte, el lobbie de los operadores de telecomunicaciones, ETNO, instó a que los nuevos servicios estén sujetos a las mismas normas que el resto de proveedores.

Como suele ser habitual en este tipo de propuestas del organismo comunitario, la presunta buena voluntad por defender los derechos de los consumidores y usuarios, choca con la realidad de su aplicación poco efectiva.

La normativa, de ser aprobada, por el Parlamento, entraría en vigor a mediados de 2018. Don dinero manda; la privacidad de los europeos se antepone... pero no al peculio.