Vox se ha personado como acusación popular en la pieza separada del caso Villarejo que investiga lo sucedido con la tarjeta SIM de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. El juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, ha fijado una fianza previa de 15.000 euros a la extrema derecha española para poder personarse en el juicio abierto.
También ha permitido la personación de la Asociación Pro Lege, aunque consignando la cuantía de 10.000 euros puesto que, según detalla el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid al que ha tenido acceso ElPlural.com, “debe valorarse el hecho de tratarse de una asociación de nueva creación, formada por un escaso número de miembros, y cuya capacidad económica resulta claramente más limitada, por lo que no puede equipararse a la que es exigible a un partido de implantación nacional”.
La cuantía exigida es habitual en este tipo de procedimientos. De hecho, los 15.000 euros que deberá abonar Vox como caución supondrán un importe de la mitad que lo que debió aportar Podemos: “En el presente caso se ha podido constatar que en este procedimiento de diligencias previas, consta personado como acusación popular el partido Podemos, a quien se le exigió en su momento la cantidad de 30.000 euros. Posteriormente se personó, también en calidad de acusación popular, en el marco de la pieza separada 7 de estas diligencias previas (la denominada como pieza Kitchen que investiga el espionaje y seguimiento al que fue sometido Luis Bárcenas), el partido PSOE, quien abonó la cantidad de 15.000 euros”, reza el auto firmado por García Castellón.
Sin embargo, y pese a permitir la acusación, el juez ha desestimado la demanda presentada por los de Abascal ante la Fiscalía Anticorrupción “al apreciarse un defecto procesal subsanable” que podrá ser revertido en el plazo posterior de 10 días.
La querella de Vox
El pasado martes 25 de agosto los de Abascal anunciaban que habían presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid contra Pablo Iglesias y su exasesora, Dina Bousselham, además de la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, así como tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.
En el escrito, Vox imputaba a los damnificados un total de seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que la abogada Flor comentaba alguna información que había obtenido del representante del Ministerio Público. Esta querella se presentó, en concreto, por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de los artículos 456 y 457 del Código Penal, estafa procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, tráfico de influencias, del artículo 428 Código Penal, revelación de secretos, de los artículos 417 y 418 del Código Penal, y estafa procesal del artículo 250.1.7ª del Código Penal.
La científica da oxígeno a Iglesias
Pese a los exabruptos de la extrema derecha y la batalla judicial que planean plantear, Pablo Iglesias respiró tranquilo después de que la policía científica confirmara que los daños causados en la tarjeta SIM de Dina Bousselham habrían sido causados por una técnica "empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información".
El informe pericial habla de un exceso de lijado que produjo daños en una de las pistas de la tarjeta de memoria de Bousselham, siendo este el motivo por el que no se puede acceder al dispositivo.
Estas conclusiones alejan las sospechas de un posible delito de daño informático causado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien el magistrado retiró el pasado mes de mayo la condición de perjudicado en la denominada pieza "Dina", una de las que integran el caso 'Tándem' sobre las presuntas actividades irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
