El comisario jubiliado José Manuel Villarejo ha abandonado a las 18:40 horas de esta tarde la prisión de Estremera, donde estaba encarcelado desde el 5 noviembre de 2017. A la salida, ha denunciado que ha sufrido torturas y ha anunciado que se defenderá: “Espero poder defenderme ahora y acabar así con el motivo por el que he estado preso, que ha sido para que no hablara”.

“La sociedad es ingrata con los funcionarios de prisiones. Yo les estoy muy agradecido. No así pienso del señor director. Pese a muchas torturas y mucho maltrato, aquí estoy. Así me han dejado el ojo”, ha expuesto a las puertas del centro.

Además, ha explicado que era mentira la “historieta” de que iba a huir. “Yo siempre contesto a todo. Lo que no puede ser es que me roben 40 teras y luego no puedan desencriptar la mayoría. Los medios deberían haber recordado alguna vez lo de la presunción de inocencia”, ha criticado también.

Asimismo, ha comentado que no va a hablar sobre el tema del emérito, aunque le parece injusto lo que le está sucediendo a “su majestad”. “Yo voy a confiar en la justicia: me lo han robado todo, pero no me pueden robar lo de confiar en la Justicia”, ha expuesto antes de relatar que este jueves declarará por el caso Tándem. “Verán ustedes que va a ser muy interesante”, ha avanzado.

El juez Manuel García-Castellón ha dictado en la mañana de este miércoles la libertad provisional para el excomisario, que llevaba desde 2017 en prisión preventiva y ya ha excedido el tiempo que una persona puede estar encarcelada en carácter provisional. Villarejo fue encarcelado bajo prisión provisional y sin fianza al ser acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

En el auto de libertad, el magistrado explica que el estado de tramitación de la pieza principal y de las restantes piezas separadas están en fase de instrucción y no permite su inmediata conclusión y, por tanto, tampoco su enjuiciamiento antes de la expiración del plazo máximo de prisión provisional. Aunque, eso sí, el juez alerta de que todavía existe un elevado riesgo de fuga por los indicios de su integración en la “organización criminal” y porque, aun estando en la cárcel, ha seguido controlando una “ingente” documentación.

Es por ello que se le ha retirado el pasaporte, se le obliga a acudir todos los días a firmar ante el juzgado que corresponde a su domicilio en Boadilla del Monte, en Madrid, y a comunicar cualquier cambio de vivienda.