La Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla ha puesto el foco sobre el Gobierno de la ciudad autónoma dirigido por Juan José Imbroda (PP) después de apreciar indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la construcción del centro comercial por valor cercano a los ocho millones de euros.
El informe en el que la UDEF señala estos indicios y que ha sido adelantado por El País este martes, se envió al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Melilla en el marco del 'caso Santiago-Rusadir' que investiga una presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023. En esta línea, en un auto judicial del pasado 7 de mayo, en uno de los registros en el domicilio de un empresario de Melilla se intervino "un documento compuesto por una sola hoja foliada y sellada, donde de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina Operación Valenzuela".
Sobre este, la UDEF ve “elementos de relevancia” tanto en el documento como en la información que ofreció una fuente confidencial que se corresponderían con indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas, pero que guardan independencia con la 'operación Santiago-Rusadir'. Por su parte, la jueza detalla que este documento parte de la compra de unos terrenos al Ministerio de Defensa donde actualmente se encuentra el centro comercial de la ciudad, el Parque Murias.
Por lo que respecta a la fuente confidencial, esta aportó información que estaría relacionada con el documento manuscrito intervenido sobre el presunto fraude durante la construcción del centro comercial. En este procedimiento, los terrenos que pertenecían a Defensa fueron ofrecidos en una subasta pública después de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU) para beneficiar a las tres empresas que participaron en la licitación del proyecto para que fueran las únicas adjudicatarias, según se desprende del informe.
Asimismo, el objetivo de todo ello era "obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales [...], cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros" que "pudieran haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar (paraíso fiscal), cuyos titulares serían supuestamente las personas implicadas en el proyecto, junto con cargos políticos, que favorecieron la omisión de la obligación del pago de los correspondientes tributos".
El PP de Melilla desmiente el informe
Con todo ello, desde el Gobierno de Melilla ha desmentido el informe alegando en un comunicado que el contenido de este "no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico" y no ha sido contrastado con los órganos administrativos que tramitaron los expedientes con "absoluta corrección" y los informes técnicos y jurídicos.
De esta forma, el Ejecutivo local asegura que la Ciudad Autónoma dio traslado a la Fiscalía de los hechos relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, "actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público".
Por este motivo, han adelantado que ejercerán acciones legales contra "los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones, así como frente a quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas carentes de sustento real que atenten contra el honor y la reputación de esta Administración y de sus empleados públicos".
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