La Audiencia Nacional imputa al jefe de la UDEF con Rajoy por las ilegalidades contra Podemos

El juez Santiago Pedraz, encargado de investigar los movimientos impulsados por el Gobierno de Rajoy contra Podemos a través de la Policía, ha considerado que es necesario cambiar la manera en la que José María García Catalán se encuentra vinculado a esta causa judicial. Así lo ha dado a conocer elDiario.es, que, tras acceder al auto emitido por el magistrado, publica que el que fuera jefe de la UDEF durante el mandato del político gallego pasa a figurar como investigado, dejando su posición de testigo.

García Catalán no es el único agente al que la Justicia española investiga por los presuntos trabajos realizados, por orden de Mariano Rajoy, y los cuales sirvieron para producir informes con los que atribuir una serie de delitos a los miembros de Podemos, los cuales no habían cometido. El objetivo era condicionar la imagen pública de la formación política liderada por Pablo Iglesias y frenar su auge, en un momento en el que estaban obteniendo una importante cantidad de Diputados en el Congreso y su crecimiento podía dar lugar a una alianza con el PSOE que impidiera a Rajoy recuperar la presidencia del Ejecutivo nacional.

Junto a José María García Catalán, también figuran como investigados por esta trama el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien aparece en una grabación asegurando a un confidente que la actuación policial estaba avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además de ellos, otra subinspectora en el momento el momento que tuvieron lugar los hechos, y que a día de hoy continúa en la UDEF, también está bajo la lupa de la Justicia.

Entre los principales hechos por los cuales estos tres miembros de la UDEF han terminado en los banquillos de los tribunales, figura una reunión que tuvo lugar en Nueva York, la cual fue grabada, y en la que compartieron sala con Rafael Isea, quien fuera ministro de Finanzas en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chavez. En aquel encuentro, en que Fuentes Gago asegura que el trabajo que están haciendo está avalado por un "mandato" del Gobierno de Rajoy, los agentes de la policía buscaban obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio", recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias, al que ha podido acceder elDiario.es, y que ha motivado la imputación de García Catalán. Concretamente, los abogados del que fuera líder de Podemos se refieren al conocido Informe PISA, documento que contenía acusaciones falsas sobre una supuesta financiación irregular del partido político apuntando que provenía de gobiernos como Venezuela e Irán, así como la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. Aquellas filtraciones, entre las que también se hicieron llegar a la prensa el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, fueron unos hechos que provocaron ya enorme polémica en torno al Gobierno de Rajoy y son el motivo de que haya, ahora, una causa abierta en los juzgados.

No obstante, no todas las actuaciones, presuntamente, ordenadas desde el Ejecutivo nacional del PP para deslegitimar a Podemos están siendo investigadas. Por ejemplo, el comisario José Luis Olivera, al que se considera artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, no ha sido imputado.

Cabe destacar que la llamada a declarar como investigados en esta causa, que tiene al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como uno de los principales acusados, se ha producido fruto de la insistencia de la defensa de Pablo Iglesias.

Sobre esta reunión, uno de los asuntos principales por los que José María García Catalán deberá responder ante el juez, se destaca que los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, no fue hasta el 2014 que Podemos surgió como partido. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.