Desde el Ministerio de Transportes, que dirige el ministro Óscar Puente, aseguran estar totalmente tranquilos por la investigación abierta por la Fiscalía Europea por posible fraude que afecta a fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7, lugar en el que se produjo el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Las fuentes de ese Ministerio consultadas aseveran que tienen "cero inquietud" porque "la justificación de los fondos concedidos a esa obra se ha ido haciendo con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba".
Las fuentes consultadas por ElPlural.com dicen que desde Adif han entregado tres expedientes y que, "como no puede ser otra manera hay máxima colaboración con la Fiscalía Europea en toda la información que se vaya solicitando, como ya está haciendo Adif. Es normal que se revise la documentación" tras un accidente de estas características.
Por su parte, el ministro Puente ha publicado un tuit en la red X en la que ha dicho: "La Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es".
Cuándo interviene la Justicia europea
La intervención de la Fiscalía Europea no es automática ni generalizada, sino que se produce en supuestos muy concretos. Este organismo, creado para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, actúa cuando existen sospechas de delitos que afectan directamente a fondos comunitarios, como fraude, corrupción o malversación.
Su ámbito de actuación incluye, por ejemplo, irregularidades en contratos públicos financiados con dinero europeo, desvío de subvenciones o falsificación de documentación para justificar gastos. En estos casos, la Fiscalía Europea puede investigar de manera independiente, aunque en coordinación con las autoridades nacionales, y llevar los casos ante los tribunales correspondientes.
A diferencia de otros organismos comunitarios, su capacidad es ejecutiva: puede ordenar diligencias, recabar pruebas e impulsar procesos judiciales dentro de los Estados miembros participantes. España forma parte de este sistema, lo que permite que investigaciones como la de Adamuz sean asumidas directamente por este órgano cuando se detecta un posible perjuicio económico para la Unión.
