El Tribunal Constitucional se ha convertido en los últimos años en un escenario clave de la batalla política impulsada por el Partido Popular contra las decisiones del Gobierno y de las mayorías parlamentarias. A través de recursos de inconstitucionalidad, conflictos competenciales y maniobras institucionales, los populares han tratado de bloquear reformas y debates que el alto tribunal ha terminado avalando en numerosos casos, delimitando así los márgenes entre la oposición política legítima y el uso instrumental de la justicia.
Esta estrategia de judicialización del conflicto político —frecuentemente calificada como “guerra judicial”— ha situado al TC en el centro de la confrontación partidista. Lejos de tratarse de episodios aislados, el recurso sistemático a los tribunales ha sido una constante en la acción del PP desde su salida del Gobierno, especialmente frente a iniciativas legislativas de carácter social o a mecanismos de control parlamentario que resultaban incómodos allí donde gobierna.
El Constitucional marca límites al PP
Las últimas resoluciones del Constitucional refuerzan esta tendencia y suponen un nuevo revés para esa estrategia. En el ámbito autonómico, el tribunal ha anulado varias decisiones de la Mesa de la Asamblea de Madrid, dominada por el PP, que inadmitieron distintas iniciativas de Más Madrid. Las propuestas bloqueadas estaban relacionadas con la contratación pública durante la pandemia de la Covid-19, el modelo de gestión sanitaria y la conducta del jefe de gabinete de la presidenta regional, asuntos que el TC considera de indudable interés público.
Según el tribunal, la Mesa vulneró el derecho fundamental de los diputados a ejercer su función representativa al impedir el debate parlamentario sin una motivación suficiente. En sus resoluciones, el Constitucional recuerda que los órganos rectores de las cámaras no pueden actuar como filtros políticos para proteger al Ejecutivo, sino que deben garantizar el pluralismo y el normal funcionamiento del control democrático.
En la misma línea, el TC ha estimado un recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista tras la inadmisión a trámite de cinco preguntas registradas para su respuesta en el Pleno de la Asamblea de Madrid. El tribunal considera que la negativa a tramitar estas iniciativas fue arbitraria y lesionó el derecho de los diputados a fiscalizar la acción del Gobierno autonómico, reforzando así su doctrina sobre la centralidad del control parlamentario en un sistema democrático.
Estos pronunciamientos suponen un correctivo directo a una práctica habitual del PP en las instituciones que gobierna: utilizar mayorías orgánicas para blindar al Ejecutivo frente a la oposición, incluso a costa de restringir derechos fundamentales de los representantes electos. El Constitucional subraya que la discrepancia política no puede justificar la exclusión del debate.
En el plano estatal, el alto tribunal también ha desactivado otros frentes abiertos por la derecha. El Pleno del TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2022, que establecía medidas en el ámbito del transporte aéreo en situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional. La sentencia avala la constitucionalidad de la norma y respalda el uso del decreto-ley como instrumento legítimo para responder a crisis sanitarias, desmontando así el intento de tumbarla por la vía judicial.
A este revés se suma uno de los principales fracasos de la ofensiva judicial del PP: la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea Regional de Murcia, controlada por los populares, contra la Ley de Amnistía. El Constitucional rechaza los argumentos del recurso y reafirma la competencia del legislador estatal para aprobar la norma, cerrando uno de los ejes centrales de la estrategia del PP para frenar una ley que ha combatido simultáneamente en el terreno político, mediático y judicial.
El tribunal también ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de Illes Balears contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. En este caso, el TC avala el marco estatal de regulación y descarta la invasión competencial alegada, reforzando la capacidad del Estado para intervenir en un ámbito marcado por la emergencia habitacional y frustrando otro intento de frenar una de las principales leyes sociales de la legislatura.
El papel del TC como garante democrático
Estas resoluciones se suman a otros pronunciamientos recientes en los que el Tribunal Constitucional ha corregido de forma explícita las estrategias del Partido Popular orientadas a bloquear o retrasar la acción legislativa mediante la vía judicial. En distintos fallos, el alto tribunal ha rechazado impugnaciones contra leyes sociales y económicas de especial relevancia aprobadas por las Cortes Generales, al tiempo que ha anulado maniobras institucionales diseñadas para paralizar su tramitación parlamentaria o vaciar de contenido el debate político.
En sus resoluciones, el TC ha insistido en que la discrepancia política, incluso cuando es profunda, debe canalizarse a través de los mecanismos propios del sistema democrático —el debate parlamentario, la negociación política y el control institucional— y no mediante una obstrucción sistemática desde los tribunales. Esta doctrina va consolidando una línea jurisprudencial clara y reiterada: la Constitución no ampara el uso instrumental de la justicia como sustituto de la confrontación política legítima ni como herramienta para erosionar el funcionamiento ordinario del poder legislativo, ni para convertir al órgano de garantías en una tercera cámara al servicio de intereses partidistas.
