Suiza tiene serias dudas sobre la petición del juez García-Castellón con la que éste solicitaba información acerca del paradero de la secretaria general de Esquerra Repiblicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, y los movimientos de una cuenta bancaria desde la que estaba supuestamente financiando a Tsunami Democràtic.

La solicitud del magistrado describía de forma minuciosa tanto el asalto al aeropuerto del Prat en Barcelona como el intento de bloqueo de su homólogo en Madrid, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En el texto, fechado ha 22 de diciembre, el responsable del departamento suizo, Guillaume Rousseau, responde al juzgado que “antes de verificar” si la petición tiene carácter político”, esclarezca sus dudas y suspende la tramitación de la petición hasta obtener una respuesta. En otras palabras, se refiere a un ejemplo claro de lawfare en su respuesta, algo por lo que ya rechazó la primera rogatoria, en diciembre de 2019.

De una manera más detallada, el responsable de la Oficina Federal de Justicia suizo pide al juzgado que presente indicios de la “implicación precisa” de Rovira en Tsunami Democràtic, y “más concretamente”, con las agresiones que sufrieron los policías que se encontraban en el Prat en el momento del asalta. Así las cosas, para la Oficina Federal helvética la pertenencia de la política a la plataforma independentista “no está clara” a partir de los hechos descritos por el juez.

García Castellón se basa en un retuit

Las dudas desde Suiza llegan porque el juez basa su acusación contra Rovira en que ésta participó en las acciones de Ginebra en las que se “planificaron las acciones más relevantes” de Tsunami Democràtic, pero no explica de qué manera ha llegado a esta conclusión.

En la misma línea, basa su teoría hacia la culpabilidad de la política en que fue la “persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami”, ya que “tardó tan solo tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo”. “Por ello se sospecha que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami”, asume.

A partir de aquí, la última prueba presentada por el juez y que Suiza ha tumbado son las supuestas conversaciones a través de aplicaciones de usuarios identificados como Marta Rovira (“Matagalls” o “Marta”). El primer nombre informa a uno de los presuntos organizadores de Tsunami, que estaba “reclutando gente para hacer vuestra acción”, aunque no es evidente que fuera la misma persona. De igual manera, el mismo día del acto del aeropuerto de El Prat envió, presuntamente, otro mensaje dando la enhorabuena y pidiendo al organizador que felicitase a “todo el mundo”.

Sea como fuere, lo que desde Suiza dejan claro es que no entienden por qué el juez emplea el método de cooperación jurídica internacional para pedir la dirección de Rovira, cuando pudo conocer su paradero “mediante el procedimiento simplificado” de cooperación policial. En la misma línea, tampoco comprenden la finalidad que se persigue con la localización de la secretaria general de la formación independentista, ya que el magistrado no da tampoco explicaciones sobre esta cuestión.

Dudas con la cuenta bancaria

Las dudas por parte del país helvético no solo quedan al descubierto en lo que respecta a la implicación más directa de Rovira con la organización de los actos, sino también en relación con la cuenta bancaria a través de la cual, supuestamente, se habría financiado el movimiento. En este sentido, las autoridades judiciales cuestionan la “proporcionalidad” de la medida porque las operaciones descritas por el juzgado que supuestamente se financiaron desde aquí ocurrieron el 14 de octubre de 2019, pero el juzgado pide los movimientos de la tarjeta hasta junio del año siguiente.

Guarda similitudes con la rogatoria de 2019

Ya en 2019, Suiza rechazó la primera rogatoria del juez. La presente, asumen desde el país helvético, es “muy similar” y contiene información “idéntica” bancaria. Ya por aquel entonces, subraya Suiza, se aprecio un claro “carácter político” de los delitos invocados por el magistrado.

Siguiendo esta senda, para el territorio Europeo los delitos tienen “carácter político” -lawfare- cuando los autores se dirigen solo contra la organización política y social del Estado que pide información y es “inadmisible” responder a la solicitud, con la excepción de que la organización que se investiga hubiera “puesto en peligro” o hubiese “amenazado con poner en peligro la vida y la integridad de las personas” con acciones muy concretas como un “secuestro”, tomando “rehenes” o usando “medios masivos de exterminio”. Las imágenes que se vieron en El Prat no dejaron ninguno de estos supuestos, por lo que aquel escenario no cumple con la “intensidad requerida” para tener en cuenta la investigación de un delito político.