Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado, en el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Fiscal, ha seleccionado a antiguos colaboradores de su predecesor, Álvaro García Ortiz. Entre ellos, destaca Ana García León en una de las jefaturas de la Sección Penal del Tribunal Supremo, quien fuera la fiscal jefa de la Secretaría Técnica en la etapa del exfiscal general y uno de los cargos de su mayor confianza.
En la misma Sala de lo Penal del Alto Tribunal, se ha designado a la actual fiscal superior de Canarias, la progresista sin María Farnés Martínes, además del fiscal Javier Huete que mantendrá su puesto en este departamento pese a haber sido uno de los que firmó un escrito instando a que García Ortiz dimitiese.También para el equipo destinado a la Fiscalía del Supremo ha escogido a Antonio Colmenarejo y María Isabel Gómez.
El hasta ahora teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, ha sido también ascendido como fiscal del Supremo y que estuvo imputado en la causa en el Alto Tribunal sobre revelación de secretos contra García Ortiz por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía el fraude fiscal a Hacienda. Partiendo del mismo departamento, también se encuentra Beatriz López Pesquera, quien ahora recaerá en la Audiencia Nacional. Asimismo.
Para el Tribunal Constitucional, ha designado a Raquel Muñoz e Ignacio Rodríguez. Asimismo, la fiscal general ha promovido a Virna María Alonso para la Fiscalía Anticorrupción y a Marcelo Juan de Azcárraga para la Fiscalía Antidroga. Entre aquellos que se han quedado fuera, resaltan los nombres de Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, fiscales del procés en Cataluña.
Los 17 cargos nombrados serán trasladados a modo de propuesta al Gobierno central, teniendo en cuenta que son plazas vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos, según recoge el Ministerio Fiscal. Al tiempo, la decisión de Peramato al seleccionar estos nombres se debe a “criterios de mérito y capacidad”, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que "se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".
En principio, se convocaron 19 plazas, aunque las relativas a Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca y de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo no recibieron candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo próximamente.
Peramato, fiscal experta en violencia de género
El relevo de García Ortiz en el Ministerio Fiscal trascendió el 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, anunció que destacó con la elección de Teresa Peramato, una fiscal con amplia experiencia en violencia de género. Una propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez que terminó materializándose.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la carrera fiscal en 1987. Tras años de experiencia en distintas fiscalías, se estableció en Madrid, donde se convirtió en fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en 2005, apenas un año después de que entrara en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fue entonces cuando su perfil se consolidó gracias a su técnica rigurosa, mirada feminista y sensibilidad hacia las víctimas.
Además, formó parte del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, promovió la especialización de fiscales en todo el territorio, y denunció las carencias del sistema para atender a las mujeres víctimas de agresiones.
En 2021 fue nombrada fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, el puesto más alto dentro de la especialización en esta materia. En esta etapa impulsó la mejora de protocolos de actuación para fiscales, elaboró informes técnicos que han sido referencia para juzgados y parlamentos, y defendió con firmeza la aplicación de leyes que han encontrado resistencias en algunos sectores judiciales, como la ley del ‘solo sí es sí’.
