La fiscal general encara su primera batalla contra el sector conservador de la judicatura: 19 plazas en juego

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, vivirá este viernes su primera gran confrontación después de relevar en el cargo a Alvaro García Ortiz, inhabilitado tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo en favor de Alberto González Amadaro, novio de Isabel Díaz Ayuso. Una serie de nombramientos discrecionales, teniendo que elegir entre 80 candidatos a 19 que cubran las plazas (seis de ellas en el Tribunal Supremo) amenaza con agitar de nuevo al espectro conservador de la judicatura, mayoritario exaltado cuando los designados no son de su cuerda ideológica.

La fiscal general buscará un equilibrio que evite al máximo las críticas, repartiendo plazas entre las asociaciones: Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria; la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda con más miembros; la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF); y los no asociados. La carrera judicial no funciona de forma diferente a cualquier otro reparto de sillones en partidos políticos o empresas donde hay que contentar a diferentes familias, aunque se intenta revestir de una falsa meritocracia y una impostada imparcialidad.  

Más allá de las presiones, la decisión final corresponderá a la fiscal general, aunque se espera que el pronunciamiento no vinculante del Consejo Fiscal, órgano consultivo y de mayoría conservadora, sea crítico con los nombramientos, especialmente si alguno de los elegidos es pupilo del apartado García Ortiz, miembro de la asociación progresista. Además, la tensión se eleva tras ser una de las asociaciones, la minoritaria APIF, acusación popular contra el ex fiscal general del Estado. De su lado se encuentra alguno de los fiscales del Procés.

Choque de grandes nombres

Concretamente, en la convocatoria se contemplan tres plazas de jefe de sección a los que se postulan diez candidatos. Ana García León, la que fuera jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz, aspira a ocupar uno de los puestos. Entre sus rivales se encuentran nombres como los de Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado nombrada por Mariano Rajoy, o Jaime Moreno, dos de los cuatro los fiscales que comandaron la acusación contra los independentistas catalanes y que quieren seguir el camino de Fidel Cadena, otro de los fiscales del procés que ya ascendió.

Otras tres plazas, sin rango de jefatura, para la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo amenazan con generar una gran política. Hasta 36 personas competirán por el puesto, pero existen dos nombres que no podrían estar más confrontados. De un lado aparece Diego Villafañe, número dos de la Secretaría Técnica con García Ortiz y que se mantiene en el cargo, aunque llegó a ser también imputado en la causa creada por el novio de Ayuso. Del otro se encuentra Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid cuya declaración contra García Ortiz fue clave en el juicio.