La investigación del caso Plus Ultra pasó a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, a raíz de una petición de la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de Madrid en el que se instruía anteriormente. En ese período, una de las piezas clave con las que trabajaba la jueza Esperanza Collazos eran las relaciones entre dos de los investigados: el empresario venezolano Danilo Diazgranados, y el abogado Miguel Palomero, ambos detenidos. De los mensajes entre ambos intervenidos por la Policía Nacional en un registro en 2024 salió un indicio que ha sido clave en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el despacho de Palomero, implicado en el caso, en octubre de 2024, e intervinieron un teléfono en el que había un chat de WhatsApp llamado "Danilo-España". En él hablaba con el empresario venezolano, al que investiga la justicia francesa por su supuesta vinculación con una red de blanqueo, sobre "alguien denominado 'Zorro', 'Z' o 'ZZZZ'", códigos con los que la investigación identifica al expresidente del Gobierno.
Todo esto figura en el sumario del caso Plus Ultra, al que ha pudo acceder ElPlural.com este martes tras levantarse el secreto. La jueza de Madrid fue la que inició la investigación sobre la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea por parte del Gobierno en 2021, en el que asociaciones de ultraderecha como Manos Limpias denunciaron irregularidades. Las pesquisas terminaron por elevarse a la Audiencia Nacional, donde el juez Juan Luis Calama terminó por imputar a Zapatero y varios miembros de una supuesta trama de tráfico de influencias, por este delito y los de organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Fue precisamente en ese escrito, del mes de febrero, en el que la Fiscalía Anticorrupción pidió a la jueza que trasladara las pesquisas del caso Plus Ultra al tribunal, basándose en las conexiones con una trama que el Ministerio Público investigaba en secreto. Según la resolución por la que la magistrada accedía, en el chat entre Palomero y Diazgranados "se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada y con vocación de permanencia".
Calama no menciona la "influencia" de Zapatero entre Repsol y Diazgranados
Collados hace referencia expresa a una "influencia" de Zapatero ante los directivos de Repsol "para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela". Fuentes de la petrolera niegan "de manera rotunda" a El País "cualquier relación comercial o de otro tipo" con el empresario investigado. En lo publicado este lunes, eso sí, no consta que la Audiencia Nacional investigue esta mediación del expresidente, aunque aún hay dos piezas que se mantienen en secreto.
Tras hacerse cargo de la investigación en marzo, el juez Calama mencionó este chat en un auto, pero no citaba a Zapatero ni la "influencia" que le atribuía Collados. El magistrado se limitaba a afirmar que en los mensajes "aparecen conversaciones que evidencian la existencia de una cadena de favores y gratificaciones que permiten inferir la comisión de delitos".
Todo esto gira en torno a la parte que se investiga sobre el blanqueo de capitales provenientes de la trama, y no sobre el tráfico de influencias en sí; y lo que explica que la instrucción la asumiera la Audiencia Nacional. Sobre Díazgranados, la Fiscalía le atribuye el papel de "gestor ejecutivo vinculado a la captación de clientes eventuales de la estructura". En cuanto a Palomero, Calama señala que en las conversaciones "se evidencia que la organización controla grandes cantidades de dinero de distintas procedencias ilícitas, y que estas, según la investigación de la Fiscalía francesa, son invertidas en bolsa, siendo posteriormente reintegradas como lícitas a sus clientes, actuando como un pseudobanco".
El dinero proveniente de la trama se habría blanqueado, según el juez, a través de una estructura con "delitos cometidos tanto en España como en el extranjero, utilización de empresas pantalla radicadas en distintos países y la existencia de un entramado criminal de dimensión transnacional".
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