El Partido Popular ha conseguido lo que quería: el fiscal general del Estado ha sido condenado, inhabilitado y, este mismo lunes ha presentado su dimisión a través de una carta. Un caso artificial montado por Miguel Ángel Rodriguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, para tapar la verdadera causa, aquella que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y sus delitos reconocidos de corrupción. Para montar este circo se requería al Poder Judicial y el Tribunal Supremo acudió a la llamada.
Cinco jueces conservadores sin pruebas reveladas ni sentencia, pero con el apoyo de la UCO y las cabeceras mediáticas de la derecha, han pasado el rodillo ideológico por encima de los dos magistrados progresistas y del testimonio de varios periodistas que fueron citados en calidad de testigos a los que no se iba a escuchar. El fallo está emitido y, como es habitual en estos casos polémicos, la rúbrica de Manuel Marchena se encuentra entre los nombres ilustres, junto con la de Andrés Martínez Arrieta, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo y Antonio Moral.
El amigo de Rafael Catalá, ex ministro de Justicia de Mariano Rajoy, y compañero de comilonas de José Manuel Villarejo, como confesó el propio excomisario, siempre en la foto. El azote de la izquierda política, que no ha dudado de entregar su voto para acabar con la carrera del fiscal general, no estimó apropiado seguir el mismo proceder hace once años, cuando acababa de aterrizar en la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el Partido Popular (PP) presumía de controlar “por la puerta de atrás” gracias a su nombramiento.
Por aquel entonces, no estimó la querella de un militar contra Pedro Morenés, ministro de Defensa de los conservadores, por revelación de datos personales de un militar en la publicación de una nota de prensa. “El secreto de las actuaciones penales y libertad de información y derecho de la sociedad a estar informada son compatibles”, rezaba aquella sentencia del Supremo, firmada por Marchena. La misma sala del Supremo, dos años después, revocó la condena de un juez por revelar los antecedentes penales de un ciudadano. Casos con pruebas que a muchos pueden parecer similares al de García Ortiz, pero no a Marchena.
Su gran obra: el procés
El juicio contra los líderes independentistas es, de lejos, la obra culmen de Marchena, que le valió la creación espontánea de un grupo de fans entre políticos, togados y periodistas abanderados. Es por ello que los indultos y la ley de Amnistía impulsada por el Gobierno, y refrendada por el Tribunal Constitucional, supusieron un duro golpe en el ego del magistrado de tal tamaño que algunos se aventuran a considerar que lo vivido con el fiscal general podría ser una especie de venganza. Quién sabe.
Fue el 14 de octubre de 2019, tras 52 largas sesiones judiciales, cuando Marchena firmó la sentencia del juicio político del siglo XXI español que marcaría su dilatada carrera. El primer juicio retransmitido, casi como un reallity televisivo, en el que el juez se gustó. “Las preguntas hay que traerlas pensadas de casa” o “hacernos perder el tiempo tiene consecuencias jurídicas” fueron alguno de sus grandes éxitos durante aquella macrocausa. Siete de siete votos consiguió granjearse en aquel proceso, unanimidad de opinión que no ha conseguido reeditar con el fiscal general.
Podemos, víctima recurrente
Marchena no solo es pionero en la aplicación del delito de sedición en España, también lo fue con la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, tras un juicio en el que las pruebas brillaron por su ausencia, siguiendo el patrón, y en el que el canario fue condenado por asestar una patada a un policía durante una manifestación, con los habituales testimonios de los policías como piedra angular del caso. El Tribunal Constitucional dictó a posteriori que la sentencia fue desproporcionada, pero para entonces el daño ya estaba hecho.
Los morados han tenido que enfrentarse en más de una ocasión a Marchena y, aunque en casi la totalidad de las ocasiones han terminado absueltos, las causas han naufragados por el Supremo durante un amplio tiempo, casi como si alguien pretendiese alargarlas a pesar de no tener sustento solo para hacer daño a la formación. El caso Dina, en la que al Suprema no le quedó otra que desmontar las tesis de otro viejo conocido, Manuel García Castellón, es un claro ejemplo de este proceder.
Otros grandes éxitos
La dilatada carrera de Marchena no se frena en tres o cuatro casos conocidos. Un compañero de profesión, Baltasar Garzón, también se sentó como acusado frente a Marchena y salió perdiendo. Mejor suerte corrió el emérito Juan Carlos de Borbón, que vio como el Supremo rechazó la querella por delitos contra la Hacienda Pública que amenazaba su persona. El caso Campanario, el caso Mari Luz o el caso Atutxa han sido otros de los procesos más mediáticos del magistrado.
Más allá de su labor como juez, miembros de su familia también han saltado a la actualidad. Su hijo, con el que comparte nombre y primer apellido, ganó fama al revelarse que trabajaba como abogado del Francisco (el pequeño) Nicolás Gómez. Además, su hija, de nombre Sofía, también generó polémica al obtener la plaza de fiscal 36 de 35 disponibles; es decir, un puesto creado. Una resignificación de un puesto que generó una gran polémica por las sospechas de trato de favor.