La reacción de Manos Limpias tras la renuncia de su abogado en el ‘caso Begoña’, Carlos Perales Rey, ha sido tan rápida como previsible: culpar al letrado, acusarlo de “violar el código ético” y tratar de salvar su deteriorada imagen pública. El colectivo, que en el comunicado admite problemas de confianza y coordinación, busca ahora reescribir los hechos para eludir su evidente responsabilidad en el colapso de la acusación.
En la nota remitida por la organización, fechada este martes 25 de noviembre de 2025, Manos Limpias sostiene que la renuncia de su anterior abogado se debe “a la falta de confianza y falta de colaboración con las otras acusaciones populares”. Una afirmación que, lejos de disipar dudas, confirma el desorden interno y la incapacidad del pseudosindicato para sostener una estrategia jurídica coherente en una causa que siempre ha estado rodeada de sospechas sobre su intencionalidad política.
Más aún, el comunicado insiste en que todas las decisiones relativas al procedimiento del llamado ‘caso Begoña Gómez’ se adoptan “de manera colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oír”, dejando claro que la implicación de este tipo de organizaciones no es un accidente, sino parte orgánica de la estructura que dirige la acusación. Manos Limpias subraya que sus actuaciones “no corresponden a naturaleza política”, pero el propio texto deja al descubierto lo contrario: la presencia de colectivos ultraconservadores en la toma de decisiones revela un entramado más ideológico que jurídico.
El ataque contra el abogado dimisionario resulta aún más llamativo cuando se examina el cierre del documento, donde la organización afirma “lamentar que el abogado cesado haya violado por otra parte el código ético de la abogacía”. Una acusación grave que no se acompaña de detalles ni ejemplos concretos, y que parece orientada más a construir un enemigo útil que a ofrecer una explicación solvente de lo ocurrido.
El colectivo, que pasa a estar representado por la abogada Inmaculada Yáñez Climent, del despacho Soriano i Piqueras Abogados SLPU, junto al también letrado Antonio Lechuga Carreira, actuando ambos bajo la procuraduría de Cecilia Barroso Rodríguez, se esfuerza ahora por transmitir la imagen de que mantiene un control férreo sobre la estrategia jurídica, pese a admitir en su propio comunicado la existencia de “falta de colaboración” y “pérdida de confianza”. El texto parece diseñado más para trasladar responsabilidades hacia fuera que para realizar un ejercicio de transparencia interna. La falta de matices, la ausencia de explicaciones sobre la supuesta conducta antiética del abogado y la insistencia en negar motivaciones políticas contribuyen a reforzar la sensación de que Manos Limpias intenta tapar una crisis autoinfligida.
El letrado se aparta tras denunciar el uso político del caso
Por su parte, el despacho de Carlos Perales Rey dejó claro que el abandono del caso se basa en un choque insalvable con los principios orientadores de la abogacía: independencia, rigor técnico y sujeción a criterios jurídicos objetivos. “La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”, señaló el letrado. En su escrito de renuncia al Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Perales expuso que lo que en un inicio fue un encargo profesional “estrictamente técnico” para una acusación popular ha derivado en “una controversia política y mediática” donde imperan “las consideraciones de oportunidad, el impacto mediático o el posicionamiento ideológico” por encima de los fundamentos jurídicos.
Asimismo, añadió que continuar en esa situación “aunque a riesgo de quebrantar el mandato profesional asumido” habría sido incompatible con la ética de su despacho, y que por ello presentó el burofax de renuncia con fecha 25 de septiembre, al que la asociación no habría respondido, lo que “consumó” su desvinculación formal al superar el plazo legal de espera.
Una estrategia judicial al servicio del ruido mediático
La cuestión de fondo es que el ‘caso Begoña’ se ha sostenido principalmente sobre la base de la acusación popular, figura que en España ha sido históricamente utilizada por colectivos ideológicos para impulsar causas con un fuerte componente político. En efecto, las investigaciones sobre Manos Limpias muestran que su funcionamiento habitual consiste en personarse en juicios mediáticos, acumular denuncias y querellas, muchas veces con escasa base documental sólida, y operar más como una máquina de ruido procesal que como un actor centrado en el rigor jurídico.
El modus operandi de Manos Limpias ha sido descrito así: primero, la selección de casos que tienen visibilidad mediática elevada; segundo, la personación como acusación popular; tercero, la explotación del proceso para generar impacto público; y cuarto, en algunos casos, el abandono o debilitamiento del procedimiento una vez cumplido su objetivo de exposición, lo que deja al proceso en una posición vulnerable. Dicha dinámica ha sido motivo de crítica por parte de tribunales y la doctrina, que advierten sobre el riesgo de que la acusación popular sea utilizada como instrumento de presión política más que de justicia efectiva.
Manos Limpias se define como sindicato de funcionarios, pero su fundador y secretario general, Miguel Bernad, procede del entorno de Blas Piñar y Fuerza Nueva. La organización ha estado históricamente vinculada a causas de la ultraderecha política y mediática. En 2016, Bernad fue detenido en el marco de una investigación conjunta con Ausbanc por presunta extorsión, aunque resultó absuelto en 2024. En el juicio, la Fiscalía calificó algunas de sus prácticas como “éticamente reprobables”, aunque no delictivas.
Pese a los fracasos judiciales, el sindicato mantiene influencia. Su estrategia no consiste tanto en ganar causas como en colocarlas en la agenda pública. En convertir a la justicia en un terreno de batalla política. Pero los archivos, los sobreseimientos y las advertencias del Supremo marcan una línea cada vez más clara: el Estado de derecho no puede ser secuestrado por titulares sin pruebas.
