La destitución de Diego Pérez de los Cobos no ha dejado indiferente a nadie. Su cese ha marcado la sesión de control al Gobierno de este miércoles y, además, ha llevado a la jueza que investiga a José Manuel Franco por presunto delito de prevaricación a salir al paso de las críticas. “Una investigación magnífica”, alegaba Carmen Rodríguez-Medel.
La jueza instructora de la causa ejerció de parapeto de la comitiva de la Policía Judicial que trabaja bajo sus órdenes en las pesquisas que se abrieron el pasado 25 de marzo en su juzgado. Rodríguez-Medel recordó que los agentes, desde el inicio, tenían “orden expresa” de informarle sobre los avances de las investigaciones sólo y exclusivamente a ella.
La magistrada se ciñó al artículo 15 del Real Decreto 769/1987 del 19 de junio de la policía judicial” para justificar esta orden, además de “otros muchos”. La titular del Juzgado de Instrucción 51 avaló el polémico informe de la Guardia Civil que, según eldiario.es, contiene infinidad de imprecisiones y se apoya en informaciones sesgadas.
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Polémico informe
El atestado, según informa 'eldiario.es', está lleno de bulos, declaraciones manipuladas y un despropósito de fechas. Hay que recordar que el jefe de esta unidad, el coronel Diego Pérez de los Cabos, era cesado este lunes por parte del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por "pérdida de confianza".
De esta manera, en dicho atestado, que consta de 81 páginas, se afirma, entre otras cosas que Pedro Duque, ministro de Ciencia, “reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento”.
Por todo ello, el informe concluye que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad de la epidemia del cornavirus”. Una conclusión que a su vez parte de una noticia publicada en 'OK Diario' (así se reconoce en el atestado). De hecho, un párrafo después de esta sentencia, se afirma lo siguiente: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020".
Otro bulo que contiene el informe es la manipulación que hacen de una información que publicó el medio Redacción Médica el pasado 28 de febrero, sobre unas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El atestado utiliza esta información para asegurar que ese día Simón reveló que había “trasmisión comunitaria”. “Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos", alerta el informe.
No obstante, lo que dijo en realidad Simón ese día fue totalmente lo contrario. “Esto, según ha explicado [Simón], se debería a que en los casos que se considera por ahora ‘transmisión comunitaria’ (Madrid y Sevilla) se han podido transmitir a un nivel ‘muy bajo’”, se apuntaba en la noticia original, que todavía se puede leer.
