Como decíamos ayer, la derecha judicial, al igual que la parlamentaria, mediática y empresarial, están decididas hacer caer al Gobierno de Sánchez aprovechando el terrible impacto que el coronavirus está teniendo en la ciudadanía.
En este contexto adquieren mayor protagonismo las cómodas mayorías conservadoras que imperan, entre otros, en el CGPJ, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional. Algunos de sus miembros ven en las decenas de querellas y denuncias presentadas ante los tribunales un detonante para intentar llevar a término esta operación de acoso y derribo.
Y como es natural, en esta maniobra no faltan abogados, asociaciones y fundaciones dispuestas a reforzarla con sus demandas y querellas. Una de estas denuncias ha caído por reparto en el juzgado de instrucción nº 53 de Madrid que abordamos en la primera parte y que hoy completamos con la biografía no oficial de su titular.
Familia y estudios
Carmen Rodríguez-Medel, según el escalafón, nace un 24 de abril de 1972, por lo que acaba de cumplir 48 años.
Su abuelo paterno fue el comandante de la guardia civil, José Rodríguez Medel Briones, asesinado el 18 de julio de 1936 en Pamplona por uno de sus subordinados. En ese momento era Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra. Estaba casado con Lucía Carmona Valentín y eran padres de 7 hijos.
Uno de ellos, José Rodríguez Medel Carmona, es el progenitor de la hoy magistrada. Como la mayor parte de sus hermanos siguió la tradición familiar y acabó en la Academia Militar de Zaragoza. En 1982 ascendió a General de Brigada de la Guardia Civil acabando su vida profesional en 1985 como Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil.
Un hermano de su padre, Ramón Rodríguez Medel Carmona, también alcanzó el grado de Coronel de la Benemérita, falleció en 1983 estando al mando de la Agrupación de Trafico y pendiente de ascender a General de Brigada.
Y como no hay dos sin tres, su hermano Antonio Rodríguez Medel está actualmente destinado como coronel jefe de la comandancia de Málaga.
La titular de esta biografía no oficial es licenciada en Derecho por la UCM. 1990-1995 (23 años), y licenciada en Ciencias Políticas por la UNED. En el 2017 se publicó su tesis doctoral dirigida por Fernando Gascón Inchausti.
Está casada con Jaime Serret Cuadrado, ha sido titular de diversos juzgados, entre otros el nº 5 de lo Penal de Getafe (Madrid). Con posterioridad fue destinado en comisión de servicio como juez de refuerzo en la Sección 17 de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid y en la actualidad ocupa interinamente el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, mientras su titular Ángel Luis Ortiz González se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales por su nombramiento como Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
Carmen y Jaime son compañeros de promoción y padre de dos hijos.
Trayectoria profesional
Tras 3 años de preparación obtiene plaza como juez en 1999 con 27 años cumplidos. Su promoción la componen 167 colegas. Muy resumidamente sus destinos han sido los siguientes:
1999-2002. Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Santoña (Santander)
2002-2007. Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Marbella (Málaga)
2007-2012. Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Marbella (Málaga)
2012-2016. Juzgado de Instrucción nº 3 de Fuenlabrada
2012-2014. Letrada del Gabinete Técnico en el CGPJ (relaciones internacionales)
2017-2018. Asesora de la Secretaría de Estado de Justicia, adscrita a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. En ese momento el Ministro de Justicia era Rafael Catalá Polo,diputado del PP por Cuenca.
Desde el 2016 es la titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid. Es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
En la actualidad figura en el número 2527 del escalafón con cerca de 21 años de antigüedad.
Cuestiones varias de interés:
01. Candidata al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional
En el año 2010, mientras era la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Marbella (Málaga), decide optar a la vacante que había dejado Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional tras ser suspendido cautelarmente.
Sus años al frente del juzgado de instrucción de Marbella, una ciudad embargada por la corrupción, son su principal y única tarjeta de presentación. En un primer momento son 14 los candidatos. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional los reduce a tres: Pablo Ruz, Carmen Lamela y la propia Rodríguez Medel. Es elegido el primero. Con los años, la segunda acabó en la Sala II del Tribunal Supremo y Ruz volvió a su juzgado de Móstoles.
02. Máster Cifuentes & Casado
En abril del 2018 su nombre salta a los medios de comunicación tras conocerse que es la jueza instructora de las DP 886/2018 que tienen su origen en una querella presentada por A.F.B por las presuntas irregularidades cometidas en los cursos académicos 2008-2009 y 2010-2011, ambos del Master Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid impartido por el Instituto de Derecho Público. Aparecen en las diligencias los nombres de Cristina Cifuentes, ex Presidenta de la CM y Pablo Casado, en ese momento diputado al Congreso por Madrid.
Rodríguez-Medel, tras varias idas y venidas y constatar que el aforado Casado no tiene el más mínimo interés en declarar voluntariamente y mucho menos aportar la documentación solicitada por el juzgado, ordenador personal incluido, decide el 6 de agosto del 2018 elevar una exposición razonadaal Tribunal Supremo. Pablo Casado acababa de ser elegido Presidente Nacional del PP en sustitución de Mariano Rajoy. La historia, quizá como estaba inicialmente previsto, acabó especialmente bien para Casado. El veterano Fiscal de la Sala II informó desfavorablemente y la Sala decidió archivarla.
03. Manifestaciones 8 M
Cuando todo apuntaba a que su nombre y sus instrucciones volvían al anonimato, por razones que solo ella conoce y a sabiendas que estaban suspendidos los plazos procesales por el estado de alerta, decide sin consultar a la fiscalía, abrir el 23 de marzo diligencias no urgentes a raíz de una denuncia de un polémico abogado que en su escrito achaca a medio Gobierno de Sánchez y a la práctica totalidad de sus Delegados en las CCAA responsabilidades penales por no haber impedido que se celebraran manifestaciones y concentraciones entre los días 5 y 14 de marzo cuando ya se conocía el riesgo de infección por coronavirus. En el caso de la ciudad de Madrid figuran la manifestación del 8-M, el acto de Vox en Vistalegre y varios partidos de fútbol.
Rodríguez Medel, sin pensárselo dos veces, considera que José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en la CM, alto cargo no aforado, habría podido cometer un delito de prevaricación y otro de lesiones por imprudencia profesional.
Y es en este punto, a pesar de las dudas que ella misma formula, cuando decide ordenar una batería de diligencias de investigación.
De todas ellas destaca solicitar a la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de la Comandancia de Madrid que elabore un primer atestado que incluye un exhaustivo número de diligencias. Sobre las razones de fondo que la llevaron a descartar solicitar este informe a la Policía Nacional o a la Unidad Central Operativa (UCO) de la propia Guardia Civil hay división de opiniones. Sea como fuere, tras hacerse público el atestado, su contenido ha sido fuertemente cuestionado en particular por la abogacía del Estado que ejerce la defensa del Delegado del Gobierno, finalmente citado para tomarle declaración el próximo 10 de junio. Hoy se ha conocido la existencia de un segundo informe cuyo contenido aún no ha sido publicado.
Las derivadas de esta iniciativa han coincido en el tiempo con un el cese de Diego Pérez de los Cobos,coronel jefe de la Comandaba de la Guardia Civil de Madrid que, a su vez, ha provocado la dimisión de Laurentino Ceña Coro como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Guardia Civil y de Fernando Santafé Soler como Jefe del Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
Por su parte, Rodríguez Medel, quizá en un exceso de celo sobre sus competencias, decide enviar un fax a Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, casualmente colega de judicatura, en el que le indica que de momento “no constan que se hayan producido” infracciones a la hora de informarle exclusivamente a ella de las pesquisas pero que, de producirse, está dispuesta a investigarlas.
En estas estábamos cuando, como no podía ser de otra manera, el Partido Popular, el mismo que dirige Pablo Casado quien se negó a colaborar con Rodríguez Medel sobre su máster de la URJC, patrocina una oleada programada de apoyos incondicionales a sus actuaciones judiciales y una no menos cínica exaltación al coronel Pérez de los Cobos y a los 2 Generales que “dimitieron” en solidaridad.
Acabamos ya esta crónica de actualidad convencidos que la nieta, hija y hermana de guardias civiles es absolutamente consciente que su precaria instrucción tiene muy poco recorrido y en consecuencia está llamada al archivo. Lo sabe ella y también los magistrados que tendrán que resolver los recursos presentados por la abogacía del Estado y probablemente, por la fiscalía. Veremos.
