El juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha expulsado este miércoles al pseudosindicato Manos Limpias de la causa al no haber enviado el justificante de pago de la fianza para seguir siendo acusación popular en el proceso judicial.
Sobre esta última decisión del magistrado, pidió hace escasos días los justificantes bancarios de los pagos de la fianza para persistir como acusación popular, algo que Manos Limpias no ha acreditado y, por ende, ha quedado apartado.
La providencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, reza que, a fecha de este lunes, el juez Peinado dictó que “no habiendo presentado la representación procesal del sindicato Manos Limpias justificación documental” sobre el importe requerido, “se les tiene por apartado del mismo”. Sobre esta decisión, cabe un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma.
El pseudosindicato ultra fue el que presentó la primera querella contra la mujer del presidente del Gobierno con recortes de prensa y un bulo, lo cual sirvió para abrir la causa judicial que lleva meses de instrucción.
Tras la renuncia de su abogado
Una noticia de calado para Manos Limpias que se suma a la conocida este lunes: la renuncia de su abogado Carlos Perales a continuar defendiéndoles en el caso. El letrado presentó su dimisión a través de un escrito, en el que suscribió que “la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”.
El letrado argumentó en su escrito, remitido al juzgado de Peinado, que el encargo “jurídico” que recibió al principio de la instrucción de la causa era “de naturaleza estrictamente técnica”, pero que, con la evolución del proceso, se convirtió en “un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”.
“El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal”, un hecho que entraría a “quebrantar” su labor como letrado por poderse “diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”, según argumentó.
Al trascender esta decisión, el propio pseudosindicato cargó públicamente con quien fuera su defensor en la causa contra Begoña Gómez. En este sentido, le culparon de “violar el código ético” y salvar así su deteriorada imagen pública.
Este martes, la organización sostuvo que la renuncia del abogado se debió a “la falta de confianza y de colaboración con las otras acusaciones populares”, en alusión a Vox y Hazte Oír. Y es que todas las decisiones se toman “de manera colegiada bajo la dirección letrada” de la asociación ultracatólica, por ello argumentaron que sus actuaciones no corresponden a naturaleza política”, pese a la presencia de estos colectivos de ideología ultraderechista.
Cabe recordar bajo este contexto que Manos Limpias se define como sindicato de funcionarios, pero su fundador y secretario general, Miguel Bernad, procede del entorno de Blas Piñar y Fuerza Nueva. La organización ha estado históricamente vinculada a causas de la ultraderecha política y mediática. Ejemplo de ello, en 2016, Bernad fue detenido en el marco de una investigación conjunta con Ausbanc por presunta extorsión, aunque resultó absuelto en 2024. En el juicio contra Begoña Gómez, la Fiscalía calificó algunas de sus prácticas como “éticamente reprobables”, aunque no delictivas.
