La doble cara de Vox en diferentes materias se ha hecho notar también en la situación de la vivienda. La postura histórica del partido de extrema derecha en esta cuestión ha sido la de rechazar las medidas intervencionistas y reguladoras, fieles a su carácter neoliberal, al tan manido mantra de dejar que el mercado se regule solo y a proteger a los especuladores del sector. La formación intentó dar un giro copernicano al respecto el año pasado con el nombramiento de Carlos Quero como portavoz de Vivienda, un perfil joven y con un discurso que pone en el centro al obrero español con dificultades para acceder a una casa. Lejos de que Vox haya cambiado realmente su postura sobre la crisis habitacional, se trataba, simplemente, de una decisión calculada y con óptica electoral para hacerle la contrapartida al Partido Popular. Así queda escenificado al ver la reacción de la ultraderecha a las propuestas de vivienda en función, únicamente, de quién sea el encargado de proponerlas.

El pasado mes de abril, Sumar presentaba una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para prohibir que las empresas y fondos buitre compren inmuebles destinados a vivienda en España, una medida para evitar la proliferación de la especulación inmobiliaria de la mano de estos agentes. El Boletín Oficial del Congreso recogía esta proposición, que pretendía modificar la actual Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023 e incorporar dicho apéndice. La norma modifica tenía en su óptica modificar el artículo 10 para añadir un nuevo apartado y limitar la compra de vivienda para que solo las personas físicas pudieran efectuarla. Solo quedaban fuera de la limitación las asociaciones, entidades de agentes económicos y sociales, entidades religiosas, sin ánimo de lucro y ONGs.

Sumar argumentaba que, a pesar de la Ley de Vivienda, el acceso a la vivienda "sigue sin ser efectivo, comprometiendo la emancipación de las personas jóvenes, provocando situaciones de exclusión socio-residencial y en definitiva, imposibilitando el desarrollo de una vida digna y segura para una parte importante de la ciudadanía". A ello, añadían para explicar la proposición que la propiedad de las viviendas o inmuebles residenciales en manos de empresas no responden al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos. "Tienden a la maximización de beneficios, incluso, a través de movimientos especulativos", señalaban los progresistas.

No es el qué, sino el quién

Entonces, la respuesta de Vox, a través del propio Carlos Quero, era la de oponerse a la medida y augurar que supondría "el fin del parque de viviendas imaginado". "La reforma que hoy debatimos implicaría el fin del parque imaginado, el fin del parque de vivienda futuro y el fin del parque de vivienda que necesitamos, pues las cláusulas que impone llevarán, de facto, al fin de la inversión en vivienda. De la construcción para alquilar, de la gestión profesional de los alquileres y, sobre todo, de la rehabilitación. Supondría algo así como prohibir, por decreto, el futuro para enfrentarnos a un urbanismo apocalíptico", eran las palabras del portavoz de la formación ultraderechista, que tenían como centro de su argumento que los fondos de inversión son necesarios para la construcción y la gestión de nuevas viviendas, a pesar de las innumerables ocasiones en las que este tipo de empresas se dedican a prácticas especulativas que vulneran los derechos de los inquilinos y compradores. 

Pero como siempre, en política lo importante no suele ser el qué, sino el quién. Una medida similar ha sido propuesta recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, poco o nada susceptible de ser progresista o de estar alineado con los intereses de Sumar. Bajo el lema "People live in homes, not corporations" (Es la gente la que vive en las casas, no las empresas), el republicano proponía empezar un proceso para prohibir que los grandes inversores se hicieran con viviendas unifamiliares, alegando que "el sueño americano está cada vez más lejos para muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda por la inflación causada durante el mandato de Joe Biden".

La respuesta de Quero a la propuesta de Donald Trump, similar a la de Sumar, ha sido, en este caso, la loa: "People live in homes, not corporations. Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayos de la libertad de no tener nada", en referencia, precisamente, al lado progresista del espectro político y al Partido Popular, contra quien han adoptado posiciones diametralmente opuestas en este aspecto para rascar algo de rédito electoral.

 

Súmate a El Plural

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio