El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, Santiago Pedraz, ha emitido un auto este viernes con el que, por una parte, acuerda investigar al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y, por otra, levanta la imputación de dos secretarias del PSOE y las cita como testigos el próximo 28 de julio.

El magistrado declara investigado a Serrano tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyeran una "participación preeminente" en las dos aristas de esta causa: por una parte, supuestas irregularidades en contratos públicos y, por otra, presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales.

No obstante, al margen de ello, en este mismo auto, el juez Pedraz levanta la imputación de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez y acuerda citarlas en calidad de testigos el próximo 28 de julio, a la vez que ha denegado la autorización para el clonado de los móviles y analizar su contenido. Asimismo, el magistrado ha rechazado también el clonado del móvil de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, investigada en la causa, y del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien habría aportado información a Díez acerca de la UCO y del teniente coronel Antonio Balas. Sobre la gerente, el magistrado sostiene que esta medida no sería proporcional porque Fuentes está encausada por una presunta intervención auxiliar ya que se le atribuye haber emitido “mendaces notas de encargo” para posibilitar pagos del PSOE a dos letrados investigados.

En línea con todo ello, el juez de la Audiencia Nacional solicita en el auto que ambas administrativas del PSOE aporten las comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con el ex secretario de organización Santos Cerdán, la gerente del PSOE, el expresidente de Correos y Díez. Ambas trabajadoras están señaladas por la UCO por tareas que llevaron a cabo como, por ejemplo, la compra de billetes a la exmilitante socialista, algo que le sirvió a la UCO para defender que Cerdán había puesto el PSOE a disposición de una “estructura criminal” que buscaba “proteger al PSOE y/o Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales”.

Pese a ello, el magistrado alega que no existen “indicios suficientes” para confirmar que ambas trabajadoras eran conocedoras de “la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros,  pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE”. A razón de ello, el juez Pedraz ha decidido levantar la imputación, pese a que solicita que se entreguen dichas comunicaciones, aunque lo que se aporte en calidad de testigos no podrá ser utilizado en su contra.

"Irregular contratación" de Díez

En otro orden de cosas, en el auto el juez señala que, mientras Serrano era presidente de Correos, "se sucedieron distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas participadas por la SEPI, como Mercasa o Enusa". Además, añade que dichas actuaciones "comenzaron con la irregular contratación" de Díez como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales, "bajo la dependencia inmediata de Serrano".

A ello agrega que, una vez nombrada en dicho puesto, Díez llevó a cabo distintos procesos de contratación "en beneficio de la misma o de terceros (Fernández)", añadiendo que "todo indicaría que se contaba con la aquiescencia" de Serrano.

Por ello, Pedraz considera que analizar el móvil permitiría contribuir a conocer si Serrano "se limitó a consentir" dichas contrataciones o "su responsabilidad se extendió a impulsarla y dirigirla", así como "podrá llegarse a ampliar el conocimiento sobre la capacidad y ámbito de actuación de los investigados a otras actuaciones semejantes" en empresas públicas de la SEPI.

Entre otras cosas, el juez ve igualmente "relevante" que se analice el móvil del expresidente de Correos para determinar su "ámbito de responsabilidad" en la presunta trama que habría buscado desbaratar causas judiciales, dada su asistencia a varias reuniones a partir de abril de 2024 y la "constante comunicación" que tuvo con Díez, que "le venía dando cuenta del avance de sus gestiones", añade. Y recoge que se han registrado miles de mensajes entre Serrano y la exmilitante de 2020 a 2024 a través de WhatsApp y Signal que coinciden "temporalmente con los hechos objeto de investigación".

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