Una de las noticias de mayor calado que han trascendido este lunes ha sido la imputación de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), en el marco del ‘caso Leire’. Un escenario que ha generado la consiguiente reacción del Gobierno central al tratarse de una empresa pública y cuya causa judicial está provocando expectación política y mediática.
Bajo este telón de fondo, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez han precisado que mantienen “toda la confianza” sobre Gualda, imputada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.
En primer lugar, estas fuentes aducen a que, en las diligencias judiciales del magistrado instructor Santiago Pedraz, “no aparece ningún elemento que comprometa” a la presidenta de la SEPI y, en consecuencia, permanece “toda la confianza” del Gobierno en ella, sumando a su vez que agradecen “el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos”.
Tal y como requieren estos procedimientos, Moncloa ha garantizado “la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales” pero, al tiempo, han destacado sus fuentes “la integridad de los profesionales que integran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”, además de “rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”; un fondo por el cual “se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos”.
Sobre los controles y la fiscalización de la empresa pública enmarcada en los márgenes que se investigan en el caso, las fuentes del Gobierno han incidido en que la IGAE auditó la gestión del FASSE y su consiguiente cumplimiento normativo por el que se dio "opinión favorable" a sus cuentas.
Han recordado a su vez que la Comisión Europea "avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE", igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló hace dos años el régimen de ayudas. Asimismo, el Tribunal de Cuentas, en su informe de septiembre de 2024, avaló las ayudas concedidas a SEPI y en cuyo informe se concluyó que la entidad "aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación".
Desde el lado contrario, el Partido Popular ha clamado en contra de esta noticia judicial cargando contra el Ejecutivo central. Su secretario general, Miguel Tellado, ha señalado, tras la imputación, que el mandato de Sánchez “ya tiene tantos imputados como diputados”, reiterando que, a sus ojos, el PSOE “es responsable de esta degradación”.
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI
El magistrado instructor del ‘caso Leire’ ha tomado la decisión de imputar a Gualda y otros 24 cargos como directivos y dirigentes de la SEPI más en este marco judicial. Según ha suscrito en una providencia, estos investigados serán citados próximamente al haber detectado “indicios de criminalidad”. Entre los imputados, también se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.
Pedraz ha accedido así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público. Los fiscales apuntaron a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández compartió en el grupo 'Hirurok' un archivo en el que “consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos” sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, “haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria”.
Pedraz asumió las pesquisas en diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La UCO sospecha estos tres investigados habrían cobrado 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Según el instructor, Cerdán y Díez habrían aprovechado “sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico”. Pedraz consideró entonces que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok' con Díez, Fernández y Alonso, “actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior”.
Los indicios recabados se proyectan en principio sobre cinco operativas diferenciadas, vinculadas a las entidades Mercasa, Enusa, la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., SME participada por Sepides, todas ellas en el ámbito de la SEPI, y, finalmente, el grupo empresarial Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables.
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