La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizaba este martes varios registros simultáneos en Castellón, Valencia, Alicante y Madrid en las empresas Acuamed, Acciona y Construcciones Luján, adjudicatarias, estas dos últimas, de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó, que sacó a concurso la empresa estatal Aguas del Júcar. Los registros se han hecho dentro del caso Azud, que investiga el presunto saqueo del Ayuntamiento de Valencia por parte del cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, y de la mano derecha de ésta, Alfonso Grau, tras el análisis de la documentación incautada al que fuera jefe de las finanzas del PSPV, Pepe Cataluña. Según ha podido saber ElPlural.com, los investigadores tratan de acreditar un delito de cohecho por parte de Cataluña.

Así, la posible financiación irregular del PSOE valenciano quedaría descartada entre otros motivos porque, en los años bajo investigación, hasta el 2007 en el caso del contrato bajo sospecha, el delito no existía. Según las fuentes consultadas, entre los documentos que la UCO ha analizado habría varios relacionados con supuestas ‘mordidas’ cobradas por Cataluña derivados de contratos con empresas. Unas mordidas que alcanzarían el 5% del total del contrato, ha sido el pilar en el que lo investigadores se han apoyado para realizar los registros.

Los ‘papeles de Cataluña’ hablaban, entre otras cosas, del presunto pago de 1,4 millones de euros por parte de Acciona, y 600.000 euros de Construcciones Luján, ambas adjudicatarias dentro del Tramo-E del anteriormente citado trasvase. Los investigadores creen que Cataluña pudo cometer un delito de cohecho, pues además de ser el jefe de las finanzas del PSPV, en aquella época, hasta 2007, también fue alcalde de la localidad de Gilet.

Los investigadores también han buscado la documentación del contrato de saneamiento de aguas en València por 15 años y 129 millones de euros, firmado en 2006 por Acciona y que, según la investigación, podría haber sido amañado por el cuñado de Barberá.

En cuanto a delito en si mismo, el Código Penal lo describe como: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años”.

Sobre las entradas y registros realizadas por la UCO este martes, según han explicado fuentes cercanas al caso a ElPlural.com, el juzgado ha ampliado las órdenes de registros más allá de las sedes principales de las empresas una vez comenzados los registros. Así, a mediodía del martes, la juez del caso ha firmado la ampliación de los lugares a los que los agentes han entrado para buscar documentación.

Caso Azud

En el caso Azud, donde el grueso de la causa se centra en el presunto amaño de contratos, además de Corbín, también están imputadas sus tres hijas; su mujer, la exjefa de Gabinete de Barberá, Asunción Barberá; el ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, el ‘socio’ de Corbín, Diego Elum, o el empresario acusado de ser el corruptor, Jaime María Febrer.

En esta macrocausa se investigan diversos contratos municipales de los que supuestamente tanto Corbín como Grau habrían cobrado sustanciosas mordidas. Unos sobornos que se habrían producido tras manipular los contratos públicos para que acabaran en manos de Febrer. Para ello, habrían contado con la colaboración de ciertos funcionarios municipales que también está investigados en esta causa. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad, tanto Corbín como Elum ‘fabricaron’ facturas falsas relacionadas con contratos entre los años 2006 y 2015.