La mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, el ex vicealcalde, Alfonso Grau, cobró, según los investigadores del caso Azud, comisiones ilícitas por valor más de dos millones de euros. Tal y como consta en el sumario, Grau, junto a sus hijas, Sofía y María Ángeles, tuvieron un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en al menos 728.051,75 euros; todos los cuales habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen, entre ellas el uso de una empresa instrumental que le creo el empresario corruptor, Jaime Febrer.

Para ello, la familia Grau utilizaba dos vías: realizaban ingresos en efectivo en cantidades que escapaban al control financiero, al ser cantidades inferiores a las que por ley el banco tiene que informar, o bien a través de compras de inmuebles.

Para la segunda operativa, utilizada para cobrar las mordidas que presuntamente Grau cobraba del empresario corrupto Jaime Febrer, el dinero entraba a través de la sociedad Edificio Familia 3000 S.L., que es de naturaleza familiar, dedicada al alquiler de locales comerciales. De esta sociedad, Alfonso Grau ostenta el 90% del capital social y el resto de capital social está repartido a partes iguales entre sus hijas.

En cuanto a la primera operativa, entre los años 2002 a 2014, Alfonso Grau realizó como mínimo 137 ingresos en efectivo "en cuentas suyas, o de su familia directa, por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo, es decir en cuantías inferiores a 3.000 euros”. Para poder esconder el dinero mientras esperaba a poder ingresarlo, y tal y como afirma la magistrada instructora de caso, Alfonso Grau alquiló tres cajas de seguridad en BBVA y Bancaja, en las que constaban como autorizadas sus hijas, “para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas”.

La sociedad

En cuanto a la presunta empresa pantalla, explica el sumario del caso, al que ha tenido acceso ElPlural.com, “ha sido uno de los instrumentos utilizados para aflorar el dinero ocultado”. Y añade que, el objeto social se corresponde con la compraventa y arrendamiento no financiero de fincas rústicas y urbanas, pero que en realidad, “se trata de una sociedad patrimonial que se nutre de los pagos y comisiones ilícitas que recibe Alfonso Grau como consecuencia de las adjudicaciones en las que cooperó a amañar en el Ayuntamiento de Valencia”.

Pero es más, de la investigación realizada hasta ahora se desprende que ni siquiera fueron los Grau quienes la crearon sino el propio corruptor. Así, explica la juez que, “pese a que esta mercantil corresponda a una empresa familiar ligada a Alfonso ¨Grau y sus hijas, quien realmente la creó y diseño, fue el empresario Jaime Febrer. Llevó a cabo todo el entramado de las operaciones para su creación, e inyectó fondos de las comisiones que debía abonarle por sus favores y que se reflejaban en adquisiciones inmobiliarias a un precio muy inferior al real, resultando por tanto beneficiarios de dichas maniobras Alfonso Grau y sus dos hijas".