Con la petición del juez Manuel García Castellón de que el Tribunal Supremo investigue a Pablo Iglesias en el marco del caso Dina se ha activado un proceso del cual dependerá el futuro judicial del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Alto Tribunal deberá valorar si admite la solicitud o procede a archivarla. Será una Sala formada por un total de cinco magistrados la que decantará la balanza, dándose la curiosa casualidad que uno de ellos, concretamente el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, comía con asiduidad con José Manuel Villarejo -según el excomisario-.
Es la Sala de Admisiones la que deberá adoptar una decisión, y ésta está formada el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. Deberán, en primer lugar, pedir un informe a la Fiscalía del Supremo para ver si el Supremo es competente para investigar la causa enviada por el juez que instruye el caso Tándem y si ve indicios de delitos. Será después, una vez conocida la posición del Ministerio Público, cuando decidan si abren o no causa contra el secretario general del Podemos.
Actualmente, la Sala de Admisiones es de mayoría progresista, pues fue renovada el pasado 1 de octubre y tendrá esta composición hasta el próximo 31 de enero. Sin embargo, el nombre de Marchena chirría y mucho dadas las últimas informaciones.
Tal y como desvelamos en ElPlural.com, Villarejo contó en una comida en febrero de 2017 con el empresario Adrián de la Joya y el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, que comía mensualmente con Marchena y el exministro de Justicia Rafael Catalá entre otros. Así se desprende de unas grabaciones ue forman parte del sumario de la pieza 7 del caso Villarejo a las que ha tenido acceso ElPlural.com
Villarejo explica a sus camaradas que teme que la situación se complique y puedan encarcelarle por asuntos que ya coleaban, como el del pequeño Nicolás y el apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto. En ese preciso momento, se jacta de reunirse periódicamente con varios pesos pesados de la judicatura de manera periódica. Concretamente, habla de unas comidas mensuales a las que asistían "Costa, Catalá, Alfonsito y Manuel Marchena”.
Según el propio Villarejo precisa, incluso, “cada vez que tenemos una comida de esas no te lo puedes ni imaginar. De 500 pavos el plato”.
Un juez en el ojo del huracán
Manuel Marchena es uno de los nombres más conocidos de la Justicia española. Es el actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano encargado de enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España. Fue el magistrado a cargo del juicio del procés, que se saldó con varios líderes independentistas en prisión por sedición y malversación, entre otros delitos. Pero hay dos máculas que marcan la dilatada carrera del juez: su amistad con Catalá y su cercanía al PP, así como el mensaje de Whatsapp de Ignacio Cosidó, exdirector general del Cuerpo Nacional de Policía y exportavoz en el Senado del PP.
El vínculo personal y casi libidinal entre Catalá y Marchena es de dominio público y ninguno de los dos lo esconde. El problema es su cercanía al PP. El CGPJ lleva casi dos años en funciones, dos años en los que PSOE y PP negocian su composición. Fue en noviembre de 2018 cuando el PP puso un nombre sobre el tapete: Manuel Marchena.
Fue el PP quien propuso a Marchena y fue Cosidó quien se jactó en un WhatsApp privado en el grupo de senador populares de controlar así la Justicia. El entonces portavoz en el Senado explicó a los 146 senadores del PP que se había alcanzado un “pacto previo” para que el PP nombrara 10 jueces incluido el candidato a sustituir a Carlos Lesmes mientras el PSOE aportaría 11.
"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]”, escribió Cosidó.
Iglesias cree que el Supremo no le imputará
Iglesias ha rechazado de plano contemplar su dimisión como una posibilidad porque que “es inconcebible” ya que “todo el mundo sabe lo que le va a decir el Supremo” al magistrado de la Audiencia Nacional; deslizando que el Alto Tribunal cercenará el recorrido de la solicitud.
“Todo el mundo sabe lo que le va a decir [al magistrado] el Supremo. Vamos a esperar, prudencia, pero creo que es evidente lo que está ocurriendo”, ha precisado en una entrevista en RAC1; y ha añadido que es “imposible” que se produzca la imputación porque “podéis leer todos el escrito del juez y lo que están diciendo algunos juristas seria inconcebible que en una democracia de la UE ocurriera algo así. Estamos hablando de un caso de espionaje en el que se plantea que me investiguen porque las cloacas me espiaron”.
