La Fiscalía del Supremo desestima la imputación de Pablo Iglesias en el caso Dina y ha instado al magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a agotar todas las vías para dirimir si, finalmente, se debe actuar de manera penal contra el líder de Podemos.
Según informa La Vanguardia, el grupo de fiscales que ha debatido sobre la exposición razonada que remitió García Castellón al Tribunal Supremo para que investigara a Iglesias, han rehusado su imputación. Alegan que no es el momento para que el Alto Tribunal inicie las pesquisas pertinentes contra el líder de Podemos.
La Fiscalía del Supremo entiende que es responsabilidad del juez que instruye el caso Dina en la Audiencia Nacional continuar con la investigación y agotar todas las vías para concluir si existen o no indicios suficientes para imputar al vicepresidente segundo del Gobierno por presentar, presuntamente, una denuncia falsa pro el robo de la tarjeta de su ex asesora.
En su exposición razona, el juez García Castellón solicitaba al Supremo que investigara los diferentes miembros que constituyen el equipo jurídico de Podemos sin tomarles declaración previa.
Sin competencias
La Fiscalía del Supremo mantiene, así, el criterio de Anticorrupción, que ya coincidía con las conclusiones de otras revisiones internas en el seno del Ministerio Público. Alegan que debe informarse. No obstante, será el Alto Tribunal quien tenga la última palabra y se producirá en cuanto llegue el informe.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya advirtió a García Castellón de que no podía continuar en esta senda de investigación, dado que el origen de la macrocausa es la presunta implicación del excomisario en prisión, José Manuel Villarejo, en la filtración de un chat que posteriormente fue publicado por OkDiario.
Por lo tanto, la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar un presunto delito de denuncia falsa y daños informáticos, que son los delitos que le achaca García Castellón a Pablo Iglesias. En caso de que el Supremo devuelva la exposición bajo la negativa a la apertura de una investigación, el magistrado que instruye la causa se verá en la obligación de enviar el caso a un juzgado para investigar los hechos y tomar declaraciones a los implicados. Si tras todo este procedimiento se concluyera que existen indicios para actuar contra el vicepresidente segundo del Gobierno, será el magistrado de dicho juzgado el que tenga que enviar una exposición al Supremo.
