La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que se inverstigue en el Tribunal Supremo al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el caso Dina, una de las piezas separadas de la causa contra el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.

Según un informe entregado a la Fiscalía General del Estado, que adelanta La Vanguardia, Anticorrupción deja claro que no comparte los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien pidió al Supremo abrir al líder de Podemos una causa por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa, por supuestamente haber querido involucrar falsamente y con conocimiento de causa a las denomiadas cloacas del Estado dirigidas por el Gobierno del PP en la publicación de unos mensajes de un chat de Podemos.

Lo que plantea el juez García-Castellón

El juez de la Audiencia Nacional cree que Pablo Iglesias sabía que había sido su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, quien filtró los mensajes de Podemos y reaizó una denuncia falsa sobre una presunta campaña para destruirle a él y a su partido. Incluso, que el vicepresidente tuvo en su poder a tarjeta del móvil de su colaboradora, que había sido robado, sin comunicar nada a su dueña. Además, que la destruyó para que dejara de enviar a terceros datos comprometedores del partido.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza las tesis del juez García-Castellón porque, según alega, el informe de la Policía científica dice que no se puede acreditar que la tarjeta del móvil de Dina Bousselham fuera destruida. Un segundo informe policial concluyó que cuando la exasesora rde Podemos ecibió la tarjeta de manos de Iglesias no pudo acceder a su contenido y la envió a una empresa de recuperación de datos. Habría sido esta compañía la que en el procedimiento para intentar recuperar la información, hizo un quemado para retirar una capa de la tarjeta.

Las conclusiones de la Fiscalía

Anticorrupción sostiene que no se puede imputar a Iglesias la destrucción de una tarjeta cuando ni siquiera está demostrado que este hecho ocurriera, más allá del intento de la empresa.

En cuanto al presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género por quedarse durante meses la tarjeta de su exasesora, Anticorrupción lo rechaza porque la víctima no se siente perjudicada.

La Fiscalía también desmonta el posible delito de denuncia falsa al considerar que la hipótesis más creíble es que fuera el excomisario Villarejo quien le entregara la copia de la tarjeta a Ok Diario para su publicación. Según la investigación, dos periodistas de Interviú hicieron una copia de la tarjeta antes de entregársela a Iglesias y se la hicieron llegar a Villarejo en abril de 2016. En julio, salían publicados en este medio varios mensajes de un chat interno de Podemos.

El caso debe pasar a un juzgado ordinario

La idea que mantiene el juez García-Castellón sobre este aspecto es que a Ok Diario le llegó la información porque Bousselham hizo un pantallazo de esos mensajes y se lo envió a una tercera persona, que a su vez se lo hizo llegar a los periodistas que luego lo publicaron. Se basa en el testimonio de un exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, quien declaró que la dirección del partido decidió denunciar los hechos como una maniobra de las cloacas del Estado, aunque sabía que quien estaba detrás era la exasesora.

Anticorrupción recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a García-Castellón devolver a Pablo Iglesias su condición de perjudicado en la causa porque la tesis de que fue Villarejo quien lo filtró sigue siendo la tesis más acertada.  La Fiscalía entiende, por otra parte, que el juez debería haber enviado esta causa a un juzgado ordinario porque los delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.