La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado por retrasar la respuesta al escrito del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Dina, Manuel García-Castellón, quien se dirigió a tal órgano para denunciar la campaña de difamación y amenazas que estaba sufriendo tras solicitar al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que las consecuencias de esta toma de conocimiento de las amenazas se limitará por el momento a solicitar a la Policía que le informe del resultado de las investigaciones sobre la campaña en redes sociales contra el magistrado -que por cierto, apuntan a la extrema derecha-.

Las mismas fuentes señalan que no se ha procedido al inicio de ningún mecanismo de amparo al magistrado -regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- porque dicho amparo no ha sido solicitado por el juez, que se limitó a informar al CGPJ de lo ocurrido sin hacer ninguna petición expresa al respecto. Añaden además que una petición de amparo podría suponer problemas para la investigación, ya que el juez podría verse obligado a apartarse de la causa mientras dicho amparo se tramita.

Según el juez, dirigentes políticos vinculados al propio Gobierno de coalición, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, le señalan de forma directa en las redes sociales "sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.

Las amenazas, según señaló García-Castellón en su escrito al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, comenzaron a raíz de conocerse el contenido de su exposición razonada al Supremo, en el que somete a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, -ambos aforados-, así como de otras cuatro personas. Pide concretamente que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

La ultraderecha, detrás

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles en sede parlamentaria que los ataques al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, provienen de la extrema derecha e Interior ya está investigándolo. Y parece que, efectivamente, así es.

Según ha publicado La Información, hay dos equipos de la Policía Nacional investigando los insultos y amenazas de muerte al magistrado. Concretamente, la Comisaría General de Información (CIG) y, en paralelo, la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT). La primera de ellas dispone de medios tecnológicos propios y es la unidad que actúa en redes sociales, mientras que la segunda, es un órgano específico cuyo trabajo es la investigación y persecución del ciberdelito. Son dos unidades de élite y ambas están avanzando.

El objetivo es dilucidar quién lanzó las amenazas e insultos y evaluar si pertenecen o han participado en otras campañas semejantes. Los implicados podrían enfrentarse a un delito de injurias.