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La vivienda atraviesa, desde hace años, la política española, pero se ha convertido en su eje principal en la antesala de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los partidos a izquierda y derecha tratan de apuntalar sus modelos para tratar de solventar la crisis habitacional, pero especialmente para capitalizar en votos la enorme movilización social que se desató tras el desahucio de Maricarmen, y que desembocó en la propia convocatoria electoral de Pedro Sánchez y en la huelga general del próximo 11 de noviembre.
La problemática está clara. El Gobierno de coalición progresista no ha conseguido, en ocho años, solucionar el principal problema de España. Las causas son muchas, y van desde la falta de una mayoría solvente para intervenir del mercado, y que las medidas que sí se han aprobado se han encontrado, en la mayoría de ocasiones, con la barrera del modelo autonómico del país.
La mayoría de comunidades autónomas, que son las que tienen la mayoría de competencias para construir y regular la vivienda, las gobierna el Partido Popular. Este es el motivo por el que, aunque el Ejecutivo de Sánchez haya sacado adelante la primera Ley de Vivienda o el Plan Estatal 2026-2030, sus efectos no han terminado de implantarse, ya que los gobiernos autonómicos los han bloqueado para boicotear al Partido Socialista y las formaciones a su izquierda.
El Gobierno centra la batalla por el relato en Madrid
En pleno incendio social y con acampadas y movilizaciones por toda España para pedir soluciones a la falta de acceso a la vivienda, el infierno institucional que la causa y la especulación que la agrava; la batalla política se centra en el relato, y no en las soluciones. Cada formación que está en algún gobierno trata de resaltar sus cifras por encima de las del contrario. Leer estos números es el que puede determinar quién es más responsable y quién menos, por mucho que la gente quiera soluciones claras y no fórmulas matemáticas en campaña electoral.
El Gobierno centra esa batalla en Madrid, donde personifica la confrontación en dos figuras: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
En Moncloa saben que Madrid es el mejor escenario para reivindicar sus políticas de vivienda. La capital padece la mayor brecha entre la demanda, con la mayoría de estudiantes y trabajadores buscando un lugar donde vivir que esté cerca de su puesto de trabajo o universidad; y la oferta, con los precios más altos de España y los gobiernos del PP fomentando la especulación de los fondos buitre.
1.200 millones y 36.700 viviendas
En el PSOE tratan de poner cifras a esa confrontación. Para ello, han difundido esta semana un argumentario interno, en el que resaltan “la contribución del Gobierno de España a la construcción y rehabilitación de viviendas en la ciudad de Madrid”. Según el documento, al que ha accedido El Plural, los proyectos del Ejecutivo en la capital se resumen en 1.200 millones de euros para la construcción de casas y actuaciones sobre unas 36.700 viviendas, que cuentan tanto las que se destinan al alquiler asequible como las que se rehabilitan con financiación pública.
Con esto, Moncloa trata de puntualizar las cifras de las que presumen Ayuso y Almeida, que celebran gobernar sobre la ciudad en la que más se está invirtiendo para solucionar la crisis de vivienda. El Gobierno desglosa en el documento qué parte de esas cifras no es mérito de las administraciones del PP, sino contribución suya por las competencias compartidas.
Casi 3.000 viviendas municipales con financiación del Estado
En el global, unas 3.000 viviendas municipales de alquiler asequible en Madrid cuentan con financiación del Estado, aunque las promueva la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Según las cifras recogidas en el documento, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno ha destinado un total de 90,4 millones de euros a su financiación.
Los fondos estatales se distribuyen entre 37,7 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a 1.595 viviendas; otros 24,2 millones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, asociados a 1.226 pisos; y 28,3 millones del plan correspondiente al periodo 2022-2025, para 175 viviendas. En total suman 2.996 inmuebles, que se ubican en barrios como Vallecas, Carabanchel o El Cañaveral.
El Ayuntamiento, por su parte, presume de haber invertido un total de 1.456 millones de euros para impulsar y finalizar 9.290 viviendas durante los mandatos de Almeida. Cabe destacar que esa cifra incluye proyectos que aun no han terminado, y que gran parte de la que sí está finalizada cuenta con financiación del Estado. Por ejemplo, Cañaveral 6, que se cofinanció entre las tres administraciones con parte de los fondos Next Generation.
El Plan Vive de Ayuso, frente a la inversión del Gobierno
En el caso de la Administración regional, el principal mecanismo para el alquiler asequible es el polémico Plan Vive. Ayuso presume de haber entregado 6.530 viviendas gracias a él, mientras que otras 10.000 se encuentran en fase de licitación, construcción o adjudicación. De ellas, solo unas 1.600 están en la ciudad de Madrid, en los barrios de Valdebebas y Los Ahijones.
La clave en la que incide el Gobierno está en que el Plan Vive se nutre principalmente de la iniciativa privada. El Ejecutivo de Ayuso destina, según su presupuesto de 2026, unos 116 millones a la construcción de vivienda social. Cabe destacar también, que gran parte de los proyectos se cofinancian con fondos europeos. Mientras, el modelo estatal promueve la promoción pública a través de programas como Casa47, la inmobiliaria pública nacional.
Esta es la que gestiona el proyecto del Nuevo Barrio de Campamento, uno de los mayores desarrollos urbanísticos previstos en Madrid. Contempla 10.700 viviendas, además de nuevas zonas verdes, servicios y equipamientos públicos. El documento sitúa la inversión global estimada en torno a los 970 millones de euros, cantidad que representa la mayor parte del volumen económico reivindicado por el Ejecutivo central.
La operación ha experimentado avances administrativos durante 2026. El Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de urbanización el pasado 2 de julio, mientras que Casa 47 sacó a licitación el 14 de octubre las obras correspondientes a las dos primeras fases por 114,8 millones de euros, impuestos incluidos.
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